Conferencia CCJ - 03/10/2018

El posconflicto y la protección de los Derechos Humanos en el campo colombiano

Fuente: centro de memoria histórica

 

Uno de los objetivos de el “pôle politique” de Abya Yala es fomentar espacios de discusión y debate acerca de la actualidad política latinoamericana. En este caso, dado el momento histórico que está viviendo Colombia gracias a la firma de los acuerdos de paz en 2016, nos pareció pertinente participar en la organización de una conferencia que abordara el tema del posconflicto y su relación con el campo colombiano.

El pasado miércoles 3 de octubre de 2018 se realizó la conferencia “El posconflicto y la protección de los Derechos Humanos en el campo colombiano” en las instalaciones del campus de Sciences-Po en Poitiers. Esta conferencia, organizada en convenio con la embajada francesa en Bogotá, la Comisión Colombiana de Jurista (CCJ) y Sciences-Po, abordó diferentes temáticas enfocadas en los retos de la implementación de los acuerdos de Paz en el campo colombiano. En total, este espacio de discusión acogió más de 40 personas, dentro de las cuales se encontraban estudiantes de Sciences-Po y de la Universidad de Poitiers.

Fueron cuatro personas las que lideraron y animaron la conferencia: Jhenifer Mojica, jurista de la CCJ; Camilo Fagua, activista y miembro de la fundación por la defensa de los derechos humanos en Colombia; Silvia Ojeda, fotógrafa, directora y productora de documentales; y Juan Jacobo Arias, estudiante de Sciences-Po y mediador del debate.

Uno de los aspectos más relevantes de la conferencia fue la difusión del documental Arrasados: la historia de Salaminita, realizado por Silvia Ojeda. En efecto, este corto documental permitió iniciar un debate acerca de uno de los temas más polémicos y problemáticos de la implementación de los acuerdos de paz: la política de restitución de tierras. En su documental, Ojeda mostró algunas de las dificultades que tienen los campesinos de la comunidad de Salaminita en recuperar las tierras que les fueron arrebatadas por el frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fue a raíz de este documental que surgieron las primeras preguntas del debate: ¿Está el gobierno de Iván Duque realmente implementando las políticas del acuerdo de paz en el campo colombiano? ¿Por qué, a pesar de la finalización del conflicto, los campesinos no han podido recuperar sus tierras? ¿Están las instituciones gubernamentales realmente preparadas para dar inicio a la implementación de los acuerdos de paz?

 Estas preguntas, dada su complejidad, no obtuvieron una respuesta definitiva por parte de los juristas. Sin embargo, las palabras de Jhenifer Mojica transmitieron un mensaje claro acerca de la realidad de la implementación de los acuerdos de paz en el campo colombiano: “El balance que podemos hacer […] es que no ha sido posible cumplir nada de lo acordado en materia agraria. […] Es necesario hacer una política de desarrollo agrario que permita el acceso a tierras y que permita la protección de los territorios que usan estas comunidades”.

Al final de la conferencia, Camilo Fagua nos invitó a hacer una reflexión acerca de las relaciones que tienen algunos grupos empresariales europeos con los conflictos y la violencia del agro colombiano. Por ejemplo, un tema de discusión fue la responsabilidad de algunas empresas mineras extranjeras que explotan los recursos naturales en territorios colombianos que son víctimas del conflicto. Según Fagua, existe evidencia de que algunas empresas mineras han financiado grupos paramilitares. Fue de esta forma que Fagua argumentó que era necesario aplicar sanciones a las empresas que no tuviera una “responsabilidad empresarial”, y especialmente a aquellas que realizan sus actividades en zonas de conflicto.

Por último, la intervención de los tres representantes de la CCJ evidencia queexisten grandes falencias en la implementación de los acuerdos de paz y en la protección de los derechos humanos en el campo colombiano. Además, esta constatación se opone claramente al discurso del nuevo gobierno y revela una asimetría entre las políticas dictadas en Bogotá y aquellas que se “implementan” en los municipios más aislados de Colombia.


Juan Jacobo Arias 

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