Bolivia : una revolución democrática?

Écrit par Sebastián Urioste

 

REFLEXIONES SOBRE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN BOLIVIA. Un significativo número de artículos y debates, en y sobre Bolivia, se concentran en las vicisitudes y contradicciones de la “revolución democrática y cultural” que la sociedad boliviana estaría o debería estar viviendo. Una revolución que, según algunos, podría llevarse a cabo a través del voto históricamente mayoritario obtenido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en diciembre de 2005 y que marcaría una continuidad con la Revolución Nacional de 1952; pero, esta vez, a través de una Asamblea Constituyente calificada de “incluyente”, “participativa”, y “realmente representativa”, puesto que estaría enmarcada en un genuino “proceso revolucionario”.

Esto, a diferencia de las 11 Asambleas del siglo XIX y de las 6 Convenciones del siglo XX que la habrían antecedido, con el objetivo de dotar al país de una nueva Constitución . Este tipo de aproximación representa un interesante ejemplo sobre el tipo de vinculaciones que se realizan en este momento entre eventos de la historia política boliviana. Ejemplifica, también, una perspectiva y el uso de conceptos muy extendidos en este momento, tanto en el campo político como académico.

En efecto, hablar de continuidad o consolidación de la Revolución Nacional de 1952 implica tener una perspectiva particular de la historia y de la política (una revolución sigue a otra, pues no son eventos singulares ni aislados) e implica la existencia de un ideal-tipo de revolución, cuando no un paradigma de lo que fue, es y puede ser considerado revolucionario, no revolucionario o contra-revolucionario. Desde dicha perspectiva, las jornadas de Abril de 1952 y de aquellas de Mayo-Junio del 2005 serían comparables, el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1952-1965) y el gobierno de Evo Morales estarían hermanados. Incluso la actual gestión estatal, y las que deberían seguirla, podrían o estarían conminadas a realizar todo lo que la Revolución Nacional no pudo o no quiso lograr.

Paralelamente, el uso de categorías como "revolución democrática" da cuenta del esfuerzo por tratar de definir, y en algunos casos hasta de determinar, a procesos sociales. Procesos que, no por ser actuales, dejan de ser complejos o contradictorios, en algunos casos crónicos y conocidos y en otros casos sorpresivos y nuevos. Piénsese, al respecto, que Gonzalo Sánchez de Lozada concebía y llamaba "revolución en democracia" a su primer gobierno (1993-1997) .

Las reflexiones que siguen no pretenden defender y demostrar una tesis exhaustiva sobre estas apreciaciones; sino señalar que los problemas que la expresión "revolución democrática" conlleva permiten revelar y afinar interrogantes sobre la coyuntura actual, así como sobre los idearios y de las prácticas que la atraviesan. Propone una revisión de interpretaciones y definiciones a manera de comprender este momento constituyente.

En efecto, a partir de la conjunción entre historia y teoría política, este ensayo intenta superar la frontera entre una visión totalmente empírica de las ciencias políticas y de una historia de las ideas políticas que no integre ni la singularidad de los actos políticos ni ponga en contexto sus objetos de estudio. Los conceptos políticos son, en este caso, concebidos como procesos de construcción permanente y conflictiva, en interacción con un contexto específico. Los discursos y las teorías analizadas requieren ser confrontados con las prácticas, las reglas implícitas que estructuran la vida política; a la vez, dichas reglas y dichas prácticas son gobernadas por teorías y discursos subyacentes que se debe descubrir. Este ejercicio implica, por tanto, un doble desafío: poner la realidad social a la luz de la teoría y la teoría a prueba de la realidad.

Siguiendo dicha línea de trabajo, este ensayo pretende interrogar la comprensión y la aplicación del concepto de soberanía popular en Bolivia, así como observar lo que implican las diferentes perspectivas de democracia que se suelen discutir en las ciencias políticas; estos elementos no sólo conforman la base de todo proceso constituyente, sino que ofrecen también interesantes pistas de análisis de la actualidad. Por tal motivo, las páginas que siguen abordarán, en una primera parte, las resonancias entre el momento en que Bolivia ingresó a la modernidad política y la época contemporánea. Una segunda parte se aproximará a la manera en que las formas de concebir la democratización de una sociedad llegan a influir directamente sobre la acción política.

 

I.- SOBERANÍA POPULAR

Para iniciar el tratamiento del debate sobre la "revolución democrática" y exponer algunas reflexiones acerca del momento constituyente, vale la pena aproximarse a los problemas y a las interrogantes ligadas a la definición de "revolución", a los alcances de la actual Asamblea Constituyente, así como abordar los problemas de la modernidad política, la soberanía popular y la representación en Hispanoamérica.

 

"Revolución" y alcances de la Asamblea Constituyente

Uno de los principios más discutidos en el actual proceso constituyente - que la Asamblea sea "originaria" - supone que, siendo absolutamente soberana, no tendría lazo alguno con el pasado y con el ordenamiento jurídico vigente, en particular con las autoridades públicas existentes. El poder constituyente del Pueblo le autorizaría no sólo realizar a una reforma total de la Constitución, sino también adoptar una forma de gobierno diferente; por ejemplo, pasar de una monarquía a una democracia. Esta situación, equivalente al nacimiento de un nuevo país y de un nuevo Estado, o a una situación revolucionaria, según los cánones del siglo XX, todavía no se ha dado en Bolivia.

Para entender parcialmente estas apreciaciones, cabe profundizar algunas problemáticas relacionadas con la "revolución". Primero, anotando que durante el siglo XIX y hasta los años 1950, la palabra "revolución" era sobretodo empleada en Hispanoamérica como equivalente a las "asonadas" o "golpes de Estado" que conducían principalmente a una permutación del personal político; es recién con la Revolución cubana (1959) que se adoptó, de manera generalizada, la idea de un cambio de tipo de sociedad, en particular a través de un nuevo régimen de propiedad . A estas consideraciones de orden terminológico, cabe también añadir que, tanto a nivel mundial como continental, la revolución no fue únicamente abanderada por lo que ha venido a denominarse las fuerzas de "izquierda"; muchos otros enemigos de la democracia liberal "burguesa" querían establecer una "revolución conservadora" . Asimismo, la idea de llevar a cabo un proceso de profundo cambio "desde la base" chocó frecuentemente con aquellos que pretendían hacerlo "desde arriba", incluso desde el propio Estado Mayor de las Fuerzas Armadas .

Esto conduce a pensar que las innumerables disputas sobre la validez, la duración, la conclusión o los alcances de una revolución están sujetas a cómo se la concibe y al momento histórico en que se produce o se la estudia; disputas que se acentúan por el hecho que un proceso revolucionario, al representar el rompimiento de una regularidad, difícilmente puede ser "modelizado" y, por tanto, medido o incluso transferido a cualquier sociedad. Los escasos éxitos para repetir en otras sociedades una revolución semejante a la francesa, a la rusa, a la china o a la cubana así lo atestiguan.

Por tanto, cualquier análisis de un fenómeno considerado como revolucionario requiere reparar en cuán fluctuante es su objeto de estudio y cuán disímiles pueden ser sus interpretaciones. Es más, aún es demasiado temprano para determinar el conjunto de características y de frecuencias - es decir un marco metodológico-analítico - de los procesos revolucionarios que caracterizarían y podrían desarrollarse durante el siglo XXI en América Latina. Sin embargo, las experiencias y las teorías del siglo XX permiten iniciar, aunque imperfectamente, dicho estudio y permitir algunas reflexiones: una revolución implica, mínimamente, el derrumbamiento de las autoridades tradicionales a través de un conflicto no sólo sobre los fines y los objetivos de la acción política, sino también sobre los medios y los límites de la política. Por ello, el adversario con quien se podía convivir, y quizás pactar, se transforma a menudo en un enemigo que se debe suprimir, física o simbólicamente. En efecto, si busca acabar con un régimen vigente, la revolución supone usualmente combatir agentes sociales   beneficiados por dicho régimen. Correlativamente, en algún momento - ya sea antes o después de la toma del poder - se quebrantan los canales instaurados para la designación de las autoridades y para la toma de decisiones colectivas.

Ahora bien, la convocatoria a la Asamblea Constituyente en Bolivia ha sido fruto de negociaciones y acuerdos - atravesados por revueltas populares, derrocamientos presidenciales, un elevado número de víctimas y acelerados por el resultado de las elecciones de 2005 - entre dirigencias partidarias, cívicas y de los sectores organizados de la sociedad civil. Por tanto, se puede observar que no ha habido una ruptura total con el orden jurídico vigente: hubo un acuerdo mínimo sobre los medios, dado que se convocó a la Asamblea a través de una ley especial; una ley votada por un Parlamento electo y según lo que la Constitución aún en vigencia considera como democrático. Estos elementos ponen en tela de juicio la naturaleza "originaria" del conclave de Sucre.

Por otro lado, si la Asamblea Constituyente fuese "derivada", supondría que, no siendo absolutamente soberana, sólo podría llevar a cabo algunas transformaciones o reformas parciales del texto constitucional: debería seguir los lineamientos previstos por la Constitución vigente para su propia reforma y respetar las autoridades públicas existentes. Sin embargo, es necesario recordar que, durante los trágicos días de octubre de 2003, y presionado por una sublevación popular, Carlos D. Mesa asumió la Presidencia, convocando a una Asamblea Constituyente y a un referéndum cuando estas dos figuras jurídicas aún no existían en la Constitución. Si bien el referéndum estaba contemplado en la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política del Estado, promulgada en el año 2002, recién debía ser aprobada en la subsiguiente legislatura, es decir a partir del 2007. 

En suma, el proceso vivido desde el año 2003 no ha sido un proceso pacífico ni totalmente legal y la Asamblea Constituyente no puede ser considerada ni totalmente originaria ni simplemente derivada. Para afinar estas apreciaciones y evaluar su relevancia en el análisis del proceso constituyente, se requiere abordar la modernidad política y realizar una digresión por el siglo XIX.

 

Modernidad política

La modernidad política puede ser entendida como la transición de una legitimidad y una forma de gobernar basada en la soberanía del monarca a la soberanía popular: el Pueblo sería el legitimador de los poderes y de las reglas que lo rigen, en base a su facultad para autorganizarse; ya no sería el caso del "Príncipe", en nombre de un derecho divino. La adopción de este tipo de soberanía conlleva inmediatamente acuciantes problemas de definición, tanto en la práctica como en la teoría: ¿cómo definir al Pueblo? ¿Cuál es su composición? ¿Es éste sinónimo de una o de varias naciones presentes en un territorio? ¿Es acaso la suma de individuos o la agrupación de corporaciones y gremios? ¿Cómo representarlo si es físicamente imposible congregarlo en su totalidad, permanentemente y en un solo lugar? ¿Debe limitarse su propio poder?

Esta transición se dio en Hispanoamérica  durante el proceso de independencia en el continente americano y de revolución en España, provocados por la invasión francesa de la península ibérica y por la abdicación del rey en 1808. En efecto, Hispanoamérica accedió a su independencia a través de una modernidad de ruptura: al desaparecer la figura de la corona española, tanto las juntas españolas como las americanas debieron elaborar una legitimidad política basada en la sociedad, separada del Estado . Dicha sociedad pasó a ser el soberano: ya no sería el monarca quién tomaría decisiones en arreglo a un pacto con sus súbditos, sino los ciudadanos en virtud de un contrato entre iguales.

Llama la atención que, a mediados del siglo XIX, la aplastante mayoría de los países - incluidos los europeos - volvieran al sistema monárquico, excepto los países hispanoamericanos: estos últimos adoptaron, al momento de su independencia, la Democracia y la República (constituida en un Estado y asentada en una sola Nación) como formas de gobierno. En particular, desde 1825 hasta hoy y pese a ser difícilmente aplicada, la democracia ha sido el horizonte político principal , tanto para quienes propugnan que sea "moderada", "tutelada" ("hasta que el pueblo esté listo"), o "radical". Asimismo, al desaparecer la figura monárquica , fue la Constitución, garante del pacto social, donde se depositó y se sigue depositando - aunque sea de manera simbólica - la legitimidad de las instituciones.

No obstante, si bien se llevó a cabo una primera democratización política (existieron otras como las que se dieron durante los gobiernos nacional-populares de los años 1950-1960 o durante los gobiernos liberales de los años 90), se lo hizo en sociedades extremadamente desiguales, jerarquizadas y estratificadas, donde aún hoy en día es muy difícil realizar una democratización social. Un ejemplo patente de ello fue la permanente tentativa por parte de las elites de restringir o controlar el sufragio universal o el recurso a gobiernos de excepción, que, en teoría y de acuerdo con la Constitución, permiten suspender momentáneamente, pero sin derogar, algunos derechos fundamentales.

Desde un inicio, se desarrolló una combinación entre modernidad política y tradicionalismo social, así como una distancia significativa entre democracia formal y realidad política. Combinaciones y distancias exacerbadas a tal punto que se puede considerar que el sub-continente no sólo produjo prácticas autoritarias de gobierno basadas en relaciones sociales desiguales y un mero ropaje jurídico ; sino también formas de organización y de legitimación políticas nuevas , fundamentadas en el respeto de algunas normas constitucionales que tuvieron y tienen un impacto social y político . Esto, a diferencia de no pocos autores y actores sociales que consideran que el continente nunca alcanzó la modernidad en términos generales, ya sea que se lo deplore o que se lo considere imposible.

Estas reflexiones conducen a estudiar lo que produjo la aplicación concreta de la soberanía popular en Hispanoamérica durante el siglo XIX y evaluar si no existen algunas resonancias a inicios del siglo XXI en Bolivia.

 

Aplicación concreta de la soberanía popular

Si bien los países hispanoamericanos adoptaron el paradigma de la soberanía popular como forma de organización y legitimación, las sociedades que la conformaban - piedras angulares de este tipo de soberanía - se asemejaban frecuentemente a confederaciones de grupos y de comunidades, fuertemente diferenciadas social, territorial y étnicamente; en particular en los países con una fuerte predominancia indígena en su población. Como no quedaba clara la composición del llamado Pueblo, pero sí la idea que se puede apelar a su soberanía (a su capacidad de decisión para organizarse como mejor le parezca), y que la escasa democratización social produce altos niveles de exclusión; surgía crónicamente, al calor de las pugnas macrosociales, la idea de volver a fundar los países que lo contenían. Así, los líderes de un grupo de la sociedad, proclamándose como los genuinos representantes de un Pueblo facultado a rebelarse en caso de opresión, solían exigir la disolución del pacto anterior y la elaboración de uno nuevo, plasmado a través de la redacción de una nueva Constitución.

Este fenómeno, sobre todo presente entre las guerras de independencia hasta los años 1920, merecería ser afinado y actualizado para evaluar si aún constituye una de las modalidades del cambio político en Hispanoamérica en general y en Bolivia en particular. Supondría que la aplicación y concepción de la soberanía popular conducen a que, en momentos de crisis y sintiéndose excluida, una parte de la población exija un nuevo pacto social a nombre de constituir el Pueblo genuino, provocando la refundación de los Estados a través de la elaboración de nuevas Constituciones . El hecho de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Bolivia emergiera a partir del cabildo de la convulsionada ciudad de Cochabamba en el año 2000, se propagara a las marchas campesinas del Oriente antes de los comicios del año 2002 y fuese aceptada luego del derrocamiento presidencial de Octubre de 2003, demuestra que la idea de modificar los poderes constituidos provino de los sectores populares, urbanos y rurales, de la sociedad boliviana. Éstos ya no reconocían las autoridades existentes ni el marco de legitimación vigente, pero sí el principio de soberanía popular. Entre los años 2004 y 2006, la idea de un cambio total del texto constitucional fue ganando al resto de la población y se manifestó en dos votaciones sucesivas: las elecciones generales de 2005 y la conformación de la Asamblea Constituyente, en 2006.

Simultáneamente, cabría perfeccionar dicho análisis considerando que en el campo político suelen emerger y amalgamarse diferentes significaciones de la categoría de Pueblo:

Pueblo como ficción jurídica para señalar a todos los habitantes del país aptos para participar en las decisiones colectivas, en particular a través de elecciones

Pueblo como forma de designar (y a menudo convocar) a aquella parte de la población marginada, empobrecida o excluida, y que en Bolivia es numéricamente mayoritaria

Pueblo como forma de delimitar a un territorio, sabiendo que en el continente existe una mayor adscripción a la "patria pequeña" (es decir a las aldeas, provincias y regiones) así como a la "patria grande" (es decir a Latinoamérica) que al "país" como tal

Pueblo como sinónimo de Soberano, el único facultado para tomar y hacer cumplir decisiones que le sean obligatorias; y

Pueblo como sinónimo de grupo cultural homogéneo.

En suma, la aplicación de la soberanía popular y los diferentes significados de Pueblo impulsan a pensar que la comprensión de la actual Asamblea Constituyente requiere abordar no sólo la modalidad de "revolución" adoptada durante el siglo XX, sino también aquella presente durante el siglo XIX en Hispanoamérica; esto permitiría evaluar los grados de continuidad y discontinuidad, novedad y permanencia en el campo político y social. Asimismo, invitan a estudiar cómo el uso de conceptos puede influenciar la acción política, según el contenido y la definición que se les de. Estos aspectos conducen a abordar la manera en que se entiende y se hace efectiva la representación política

 

Representación

La democracia representativa tiene como principal referente teórico al ciudadano, aquel individuo apto para participar de las decisiones colectivas, en especial a través de su voto. No obstante, las sociedades latinoamericanas siguen siendo configuradas en conglomerados jerarquizados, por lo que se articulan a partir de grupos y no de individuos . Un eterno dilema, desde el siglo XIX, ha sido cómo crear un sistema representativo lo suficientemente eficaz habida cuenta que se tiene un referente formal - basado en el individuo - que no cuaja con la realidad social. Un problema que se acentúa cuando además las elites intentan a menudo restringir el sufragio universal o desconocer sus resultados. Por ello, la frecuencia de los "pronunciamientos", golpes, asonadas o revoluciones.

Sin embargo, la ruptura violenta con el orden no es el único cauce que toma este problema; surgen por ejemplo formas híbridas entre tradición y modernidad (lo legítimo no es forzosamente lo legal), como los "cabildos abiertos". Este tipo de cabildos se asemejan a una disolución del pacto social a nombre y por parte del Pueblo , exigiendo un nuevo acuerdo, o presentándose como una forma de deliberación directa y colectiva. La soberanía es reclamada y ejercida en las calles y no sólo en las urnas: el número de personas que se puede convocar y movilizar da carácter de obligatoriedad a mandatos o decisiones; explícita o tácitamente, se expresa la posibilidad de recurrir a la fuerza para hacer respetar este tipo de resoluciones. Paralelamente, surgen formas de representación funcional o corporativa; la Revolución de 1952 intentó articular ese fenómeno, integrando al Estado a obreros e indígenas - entonces llamados "campesinos" - a través de  sindicatos.

Como corolario de estos problemas y cauces de representación, las relaciones políticas y sociales se realizan a menudo a través de las negociaciones - exitosas o fallidas, a corto o largo plazo - entre representantes de comunidades o de grupos organizados, tradicionales o nuevos. La representación política hecha a nombre de toda la nación suele realizarse, concretamente, a partir de una representación social, basada en el grupo al que se pertenece, ya sea que éste pueda o no sufragar. Este fenómeno se acentúa con la instauración de una representación territorial: los representantes dicen sólo deber cuentas y obedecer al mandato de sus electores directos.

Todos estos elementos, provenientes de la manera en que se concibió y se plasmó la soberanía popular al momento de la independencia y fundación de los Estados hispanoamericanos, son claves para comprender la actual coyuntura y el desempeño de la Asamblea Constituyente en Bolivia. No únicamente porque en este momento se esté convocando a una "segunda independencia" o a una fundación "genuina"; sino sobre todo porque muchas interrogantes vuelven a reproducirse o se tornan más complejas cuando el país vuelve a poner en duda su coherencia como unidad política bajo el amparo de formular un nuevo contrato social: ¿quién o qué es la Nación? ¿Quiénes son miembros de la o de las Naciones? ¿Cómo organizarla(s)? ¿Cómo representarla(s)? ¿Cómo delibera(n)? ¿Pueden varias Naciones convivir bajo un mismo Estado o están facultadas para exigir su autodeterminación? ¿Es lo mismo una nación y una nacionalidad? ¿Debe hacerse tabla rasa con el pasado o simplemente proponer ajustes? ¿Un solo partido puede asumir la representación total del Pueblo a nombre de haber obtenido la mayoría de los sufragios? ¿Una asamblea, por más diversa que sea, puede dar cuenta de la heterogeneidad de una sociedad? ¿Tienen los cabildos el mismo carácter vinculante que los referendums? Todas estas preguntas están directamente relacionadas a la manera en que se concibe el rol y la naturaleza de las Constituciones.

 

Constitución y "para-constitucionalismo"

Las cartas magnas latinoamericanas no suelen ser pensadas como sistemas racionales que establecen un marco jurídico para las relaciones entre ciudadanos, la relación entre ciudadano y Estado o las competencias de las autoridades públicas: lo que prima es el nuevo pacto que se establece entre los grupos que protagonizan un ciclo político determinado, a nombre de todo el resto de la sociedad. El acuerdo alcanzado sobre un nuevo texto es, a menudo, un reflejo de las correlaciones de fuerza y de las negociaciones realizadas entre quiénes podían y entre quienes pretenden ingresar al espacio político formal. Lo cual podría explicar porqué las nuevas constituciones son aprobadas luego de asonadas o revoluciones, o porqué son también rápidamente puestas en tela de juicio. Estos elementos son también un inicio de explicación de que, fuera de los capítulos relativos a la orientación económica o la estructura del Estado (unitario, federal, etc.), que representan las pugnas centrales, el contenido de las cartas magnas no varíe sustancialmente.

Estos presupuestos conducen también a observar una suerte de "rutina" hispanoamericana desde la adopción de la soberanía popular: una parte de la sociedad, que no se siente representada ni incluida, exigiría la conformación de un nuevo pacto a través de una nueva Constitución; asimismo, prima la idea del pacto sobre el respeto de los derechos y de las obligaciones. Tal accionar pasa de ser una mera práctica para luego convertirse en una convención, consagrando una suerte de "para-constitucionalismo", es decir el respeto a la Constitución como principio ordenador y legitimador de las relaciones políticas, no el fondo e integralidad de la Carta Magna, en particular los procedimientos para su reforma.

Estos fenómenos crean una paradójica articulación entre ruptura y continuidad producida por la aplicación concreta de este tipo de soberanía. Una paradoja que cobra mayor fuerza a la hora de abordar un aspecto central del debate actual en Bolivia entorno a los alcances de la Asamblea Constituyente, es decir si ésta debería ser considerada "originaria" (fruto de una revolución y habilitada para proponer un régimen político totalmente nuevo) o "derivada".

 

Transición abierta

Si Bolivia no vive - en todo caso no todavía - un proceso revolucionario convencional pero tampoco un simple proceso reformista clásico y que aún no se conoce la redacción final de la nueva Constitución ni se sabe cómo será aprobada por el referéndum; quizás la manera más adecuada (a estas alturas) para comprender la etapa iniciada a partir de Octubre de 2003 hasta la fecha sea interpretándola como una transición abierta. Es decir, una transición tensa, frágil, hecha de presiones y concesiones y, sobretodo, sin horizontes claros.

Inicialmente, porque si bien la manera de exigir y alcanzar la renuncias presidenciales no siguieron precisamente los cauces institucionales, se trató sin embargo de respetar la sucesión dispuesta por la Constitución . La Carta Magna sigue siendo el referente de los actores sociales y políticos en pugna, pese a que se privilegian algunos artículos sobre otros o que su interpretación sea a menudo forzada. Posteriormente, la elección de la Asamblea Constituyente en 2006 fue también fruto de un entendimiento sobre la convocatoria, los alcances de las modificaciones a la Constitución y la forma de llevar a cabo las elecciones.

Por ello, es importante recalcar que se trató, y se trata aún, de un proceso no sólo enmarcado en conflictos, sino también en acuerdos. Por ejemplo, las renuncias concertadas de los parlamentarios y autoridades facultadas por ley para asumir la Presidencia (presionados por las movilizaciones callejeras) permitieron las elecciones generales del 2005, asegurando de tal manera  la permanencia de la democracia representativa. A su vez, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la reforma total de la actual Carta Magna fue aprobada por el Congreso, siempre y cuando el nuevo texto constitucional contara con 2/3 de los votos de los constituyentes; tal era la garantía de que la oposición sería tomada en cuenta en los debates de la Asamblea. Más recientemente, las discusiones en torno a la forma de aprobar el nuevo texto constitucional que, luego de 6 meses de pugnas que pusieron en vilo al país, desembocaron en un acuerdo sobre la votación mixta (mayoría absoluta, 2/3 y referéndum). Estas son ilustraciones de una precaria, y quizás sólo transitoria, modalidad de acción política que ha venido cobrando forma en el país.

El problema central es que si bien existió el acuerdo para cambiar la Constitución, no existe - y quién sabe si existirá - el consenso sobre el tipo de Carta Magna que se quiere y principalmente sobre el alcance de las atribuciones de la Asamblea Constituyente. Es en esa contradicción que el acuerdo alcanzado se resquebraja. Cuando se sale de dicho marco precario de transición - ni totalmente de ruptura ni totalmente de continuidad, sino de acuerdos paulatinos que surgen al calor de las relaciones de fuerza - es cuando el país en general, y la Asamblea en particular, entran en tensión. 

Esta caracterización preliminar sobre el tipo de transición que se estaría viviendo, sumada a las paradojas de la soberanía popular en Hispanoamérica, quizá permitan entrever algunas reacciones por parte de los actores sociales más involucrados en la actual coyuntura. Aquellos que hoy en día proponen una ruptura total con el pasado corren el riesgo de decepcionarse, pues existen muchos elementos de continuidad, incluida la forma y los principios que ellos mismos plantean para llevar a cabo un "cambio". Del mismo modo, aquellos que propugnan una simple transformación o el status quo corren también el riesgo de ser defraudados: hay demasiados elementos de ruptura (nuevos actores y nuevas elites que exigen entrar al campo político formal) y la propia dinámica política-constitucional así lo induce.

De estos elementos emerge, finalmente, una serie de preguntas abiertas: los acuerdos progresivos entre los actores sociales protagonistas de este momento ¿Podrán convertirse en el pacto que sustentaría la nueva Constitución? ¿Los acuerdos entre los grupos sociales representados en la Asamblea serán aceptados por el resto de la sociedad? ¿Quienes no aceptan transformaciones de la Constitución actual dejan acaso de pertenecer al Pueblo? Más allá de las diferentes visiones de país ¿comparten todos los actores sociales una misma definición de los conceptos, como "Pacto" o "Democracia" o de lo que debería el "cambio"? ¿Será esta Asamblea un momento más de la "rutina" refundacional? La adopción de una nueva constitución, esta vez "por y para todos los bolivianos", ¿significará el fin del "para-constitucionalismo"? ¿Es posible constituir Estado inédito y original sobre la base de principios y prácticas ya existentes?

 

II.- PERSPECTIVAS DE DEMOCRACIA

Los ejes de análisis y las interrogantes anteriores se complementan con otro de los debates de fondo del actual proceso constituyente: la tensión entre libertad e igualdad, entre individuo y colectividad, y las perspectivas de democracia. Por ejemplo, no son pocas las discusiones relativas a restablecer un Estado fuerte, encargado de controlar y distribuir la riqueza entre los ciudadanos, es decir en "ruptura total" con el régimen político anterior, teóricamente regido por un Estado regulador y garante de las libertades individuales, en particular de la libertad de empresa. Para entender la importancia de estos planteamientos y la necesidad de emplear conceptos apropiados para comprenderlos, es oportuno tocar las diferentes perspectivas de democratización y los debates aún no zanjados sobre la autoridad de la Asamblea Constituyente.

Democratizaciones

1.- Las ciencias políticas estudian, como modelos analíticos, esencialmente a dos perspectivas de democratización: una revolucionaria y otra reformista, que emergen o pretenden constituir respectivamente una sociedad holista o atomista .

Siempre existirá una distancia entre dichas construcciones y la realidad. Estos modelos tienen la limitación de haber sido elaborados durante el siglo XX en sociedades que no cuentan con movilizaciones indígenas. Sin embargo, tampoco son deleznables habida cuenta que, como lo advertía la primera parte de este ensayo, las sociedades latinoamericanas han creado formas de comprender y hacer política propias, articulando modernidad y tradición. Asimismo, muchos de los agentes sociales, fuera o dentro del gobierno, han sido políticamente formados a partir de estos planteamientos; de la misma manera, muchas de las teorías aun presentes en las ciencias sociales se nutren significativamente de estas perspectivas. Por ende, si se asume que ninguna teoría o metodología podría dar cuenta de la totalidad de las sociedades humanas, sobre todo en una sociedad tan segmentada y diversa como la boliviana, estos modelos pueden permitir una parcial interpretación de la coyuntura actual.

2.- La perspectiva atomista de la sociedad sugiere que lo más significativo sería la "Parte" sobre el "Todo", por lo que sería necesario privilegiar la defensa de los derechos del individuo sobre los de la colectividad y principalmente frente al Estado. Esta perspectiva afirma que el exceso de igualdad, por ejemplo redistribuir la riqueza a partir de los impuestos o de expropiaciones, degradaría la libertad. Por ello, se apela a transformaciones graduales dado que se intenta conciliar intereses contradictorios. Históricamente, cobra la forma de una democratización paulatina, puesto que se da cuando las elites están dispuestas a ampliar progresivamente el acceso de otros sectores sociales al poder político. Esta perspectiva ve en la delegación del poder del Pueblo a representantes elegidos en colegios electorales a partir del voto individual, libre y secreto (es decir en la democracia representativa), una forma de asegurar la libertad de las personas ante una posible exigencia de unanimidad.

La perspectiva holista de la sociedad plantea la supremacía del "Todo" sobre la "Parte", por lo que habría que defender la colectividad antes que los individuos. Esta perspectiva sostiene que el exceso de libertad, en particular la libertad de propiedad privada, mermaría la igualdad. Históricamente, se plasma en una democratización de corte insurreccional y abrupta, dado que surge en sociedades donde las elites no están dispuestas a dejar de concentrar riquezas y poder político. Esta perspectiva ve a la delegación del poder del Pueblo, a través por ejemplo de elecciones, como un cercenamiento de la soberanía popular; algunos de sus exponentes afirman inclusive que la sociedad debería "autorepresentarse" desde su "base" y deliberar únicamente a partir de mecanismos de democracia directa.

3.- En estos últimos 20 años, Bolivia ha trabajado sensiblemente la perspectiva de la libertad. Pueden presentarse como ejemplos el énfasis en los derechos humanos individuales como la libertad de empresa, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de voto o el reconocimiento formal de las diferentes identidades que conforman el país. No obstante, el modelo de crecimiento económico, adoptado simultáneamente al retorno a la democracia, no mejoró la redistribución de los ingresos,  provocando mayores desigualdades socio-económicas entre los miembros de la sociedad boliviana: la magnitud del "desborde" de inversiones y de la creación de empleos que las empresas "capitalizadas" debían propiciar al resto de la sociedad, para así combatir la pobreza, no fueron las que se prometieron y las que se espectaron. El proceso socio-político que Bolivia vive desde el año 2000 es, parcialmente, producto de esa desatención.

En efecto, una de las principales críticas que se suele dirigir a la democratización paulatina y desde una perspectiva social atomista, radica en que, al privilegiar al individuo, se corre el riesgo de desatender las desigualdades sociales, provocando a menudo la inestabilidad del sistema político, merced al descontento que puede surgir de la sociedad. Los paliativos hasta ahora establecidos para atenuar dichas desigualdades y las tensiones sociales fueron los mecanismos de redistribución de riqueza desde un Estado planificador e interventor en la economía. 

Ahora bien, en América Latina, estos mecanismos fueron profundamente limitados por las reformas económicas de los años 80 y 90, puesto que el Estado ya no podía solventarlos más: la transición de regímenes dictatoriales a regímenes democráticos fue, en efecto, paralela a una transición de economías basadas en la sustitución de importaciones y un Estado planificador a una economía que privilegia las exportaciones y el libre mercado. Estas reformas alteraron también algunas relaciones clientelares, y por tanto el apoyo que los sistemas de partidos podía tener con el resto de la sociedad .

En el caso boliviano, es importante señalar que el cambio de paradigma de desarrollo combinó tanto las elecciones como el recurso a estados de sitio por todos los gobiernos entre 1985 y 2000. Esto, cuando las reivindicaciones y la oposición a las reformas económicas provenientes de la sociedad civil excedían lo que los partidos políticos en gestión de gobierno y con mayoría parlamentaria pensaban que debía ser el umbral entre motivos "sociales" (considerados como legítimos) y motivos "políticos" (concebidos como ilegítimos) .

Tal combinación entre elecciones y estados de sitio permite develar que la transición económica implicó también convertir en ordinarias a medidas de conservación del orden público concebidas para situaciones excepcionales. Esto fue posible mientras una significativa parte de la población apoyaba los estados de sitio y que la oposición en las calles podía ser controlada, "confinando" en puestos militares alejados a las cabezas de los sindicatos de mineros, de fabriles o del magisterio. 

Sin embargo, el repetido recurso a esta medida significó un serio desgaste para la legitimidad de los gobiernos de turno. Concretamente, a partir del estado de sitio del año 2000, implicó mayores resistencias en la sociedad civil y una escasa eficacia: las protestas eran cada vez más dispersas en todo el territorio, existían movilizaciones indígenas y campesinas, el número de muertos podía llegar a ser extremadamente elevado y se corría el riesgo de un motín policial por mejoras salariales. En suma, su uso para garantizar el monopolio de la violencia legítima del Estado fue puesto en entredicho. Asimismo, desde los años 1990 fue cada vez más difícil conseguir el apoyo parlamentario necesario para aprobar dicho recurso. En parte porque a medida que pasaban las elecciones, la votación de los partidos políticos fue reduciéndose, lo que condujo a coaliciones de gobierno y alianzas parlamentarias cada vez más grandes y prebendales.

Estos elementos podrían permitir profundizar el análisis de los eventos acontecidos en la ciudad de El Alto en Octubre de 2003: la "militarización" de aquella urbe no sólo fue un detonador para la caída del segundo gobierno de Sánchez de Lozada; que dicho despliegue de las fuerzas armadas no pudiese más ser llevado a cabo en los marcos de estado de sitio significó también que se habían alcanzado los límites de una forma de gobernar emprendida desde 1985.

4.- A estas características, debe sumarse el hecho de que, a partir del momento en que se adopta la soberanía popular como marco de legitimación política, tarde o temprano, en siglos o en años, la idea de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos produce transformaciones en las jerarquías sociales : las elites que no querrían compartir el poder político o la limitación de la ciudadanía no pueden perpetuarse con la misma comodidad que provee una monarquía absoluta o una dictadura  

Por tales motivos, las recientes rebeliones indígenas, provenientes de un largo proceso de emancipación, y las revueltas de  los "nuevos excluidos" del llamado "modelo neo-liberal", no son la única veta para comprender la existencia del gobierno y la composición del Congreso actuales: las instituciones, los mecanismos y los principios de la democracia representativa también han permitido el ascenso de indígenas y de representantes de organizaciones populares a las más altas responsabilidades públicas.

La mejor ilustración de este fenómeno se encuentra en la trayectoria del Movimiento Al Socialismo. Inscrito como partido en la Corte Nacional Electoral, el MAS inició su camino a través de las elecciones a nivel local: su primera bancada de diputados surgió gracias al establecimiento de circunscripciones uninominales (destinadas a mejorar la representación de la sociedad en el Parlamento y consolidar el sistema de partidos) y llegó a la presidencia gracias al sufragio universal. Si su estrategia concilió métodos de política no formales (como el bloqueo de caminos) y medios formales, no se basó en la lucha armada o en la acción de masas clásicas o teorizadas durante el siglo XX. De hecho, este partido ha sabido establecer alianzas electorales con sectores organizados de la sociedad civil - descontentos con el modelo de acumulación y el personal político de los años 1990 - para ganar los comicios de 2005 y 2006.

Este fenómeno puede ser leído como una instrumentalización, una adaptación o un reconocimiento tácito de que el acceso al gobierno nacional no podía realizarse únicamente a través de movilizaciones fuera del sistema político. En todo caso, la vehemente crítica a la democracia representativa por parte del MAS y de los sectores de la sociedad civil que lo apoyan, incluidas las organizaciones indígenas, no los han conducido, aún, a desahuciar esta forma de gobierno por completo ni a dejar de recurrir a ella . El Movimiento Al Socialismo es, quizás, el primer verdadero beneficiario de un tipo de democracia que, a partir de los años 1990, pudo efectivamente reflejar la expresión universal, libre e individual del sufragio . 

5.- Paralelamente, las principales críticas a la democratización por medio de la ruptura y desde una perspectiva holista de la sociedad señalan que ésta es difícilmente pacífica o respetuosa de las libertades individuales. Se puede, por ejemplo, exigir que la Constitución declare el derecho a la igualdad económica; pero, concretamente, ¿cómo llevar a cabo ese proceso de nivelación? Pues, frecuentemente, cercenando la libertad de los agentes sociales que se oponen a dicho proceso. Sin embargo, aquella restricción de la libertad no es forzosamente equivalente a combatir a los "ricos" u "oligarcas" de turno o las "transnacionales": hasta ahora no se registra en la Historia una experiencia revolucionaria exitosa que no fuese producto de una concentración de poder, limitando, incluso, la libertad de muchos agentes que propugnaban también la revolución. En efecto, lo primero que hace un movimiento o partido revolucionario en el poder, o con serias posibilidades de alcanzarlo, es generalmente acallar aquellos que rechazan un mando único en la revolución o que exigen un grado de autonomía. Paradójicamente, quienes más alientan a acabar con las elites terminan constituyendo otras nuevas.

De manera general, para poder llevar a cabo una transformación radical, más allá de discursos o de una nueva simbología, los agentes de un proceso revolucionario tienden a exigir la unanimidad: no se permite ni el pluralismo ni que hayan voces disonantes, dentro o fuera del grupo que pretende llevar a cabo dicha revolución; pluralismo y posibilidad de disentir que se exigía al régimen que anteriormente se buscaba disolver. No hay adversarios con quiénes se pueda pactar y cuyas opiniones se deban respetar, sino enemigos con quienes se puede momentáneamente establecer alianzas o a quienes se debe eliminar, de manera figurada o concreta. Correlativamente, los opositores a dicho proceso revolucionario, desde un inicio o paulatinamente, llegan a oponer la misma concepción de la política.

Por lo demás, la instauración y permanencia de un marco legitimador alternativo a un régimen quebrantado o depuesto tarda en constituirse; el derrocamiento de la autoridad estatal provoca frecuentes recursos a la fuerza y eventos difícilmente predecibles. Las vehementes pugnas por controlar el aparato estatal y las empresas públicas entre las diferentes tendencias del MNR, la COB las organizaciones campesinas y los comités cívicos durante la Revolución Nacional , así como el largo y accidentado período dictatorial que siguió, así lo ilustran . Los luctuosos enfrentamientos entre mineros asalariados y cooperativistas en 2006, ambos aliados al gobierno del MAS, ejemplificarían, hoy, la dificultad de gobernar y de satisfacer a una ciudadanía organizada en gremios que se heredó del Estado de 1952.

6.- Estas consideraciones vuelven a plantear la dificultad de definir de manera exacta o depurada el tipo de democratización que se estaría viviendo en este momento en Bolivia. Como lo anota la primera parte de este ensayo, se puede aventurar que el país no vive plenamente una experiencia de democratización desde una perspectiva holista, pese a la contundencia de las movilizaciones sociales y la prontitud en realizar transformaciones que plantea el actual gobierno. Es más, cabe recalcar que, desde Diciembre de 2006, los cabildos realizados a favor del régimen autonómico y los eventos de Cochabamba han roto el monopolio que el partido gobernante y los "movimientos sociales" que le son afines podían tener sobre la convocatoria popular o la "política en las calles". Recíprocamente, no se han descartado todos los canales de democratización de la perspectiva atomista. A pesar del desborde de los canales de participación y representación que se vive desde el año 2000, es inclusive pertinente meditar sobre el grado de causalidad que las reformas políticas de los años 90 tuvieron sobre dicho desborde .

 

Autoridad de la Asamblea Constituyente

Resulta también oportuno retomar algunas reflexiones sobre la soberanía popular para, articulándolas con la problemática de las dos perspectivas de democratización, abordar el debate actual sobre la autoridad de la Asamblea Constituyente. En efecto, cuando se adopta este tipo de soberanía, se llega a menudo a una discusión, cuando no a una contienda, sobre su gradación, es decir, si se considera a la soberanía popular como limitada o ilimitada.

Esquematizando, se puede observar que la perspectiva atomista, a menudo de corte liberal, tiende a pensar que la soberanía popular debería ser relativamente limitada: no se podría, por ejemplo, permitir cualquier tipo de cambio en una Constitución. En efecto, a nombre de representar al Pueblo y de llevar a cabo masivos procesos de nivelación económica, se teme que algunos agentes sociales llegasen a concentrar un excesivo poder estatal, sin contrapesos: mermarían la libertad, el espacio individual, la pluralidad y desconocerían a las minorías o a aquellos que no los apoyan. El ejemplo de la Revolución Francesa, cuando la Convención de 1791 decidió desconocer la propia Carta Magna que acababa de redactar para ejercer un "gobierno revolucionario" y acabó aplicando un "terror revolucionario" contra sus enemigos - reales o supuestos - es el precedente para estas precauciones. Por eso, se insiste en asambleas constituyentes "derivadas", que respeten un marco jurídico previo, a los poderes constituidos (autoridades e instituciones en vigencia) y a aquellos que no conforman la mayoría de la Asamblea. De hecho, durante el siglo XIX existió un marcado conflicto al interior del liberalismo sobre ampliar o limitar el derecho al voto  y, por ende, si se debía o no restringir el acceso a las responsabilidades públicas. Un conflicto que se reprodujo a fines del siglo XX cuando se llegó a plantear que las demandas emanadas de sectores organizados de la sociedad ponían en peligro la estabilidad política y económica.

Por otro lado y sintetizando, se puede observar que la perspectiva holista tiende a considerar a la soberanía como ilimitada: se podría cambiar totalmente una Constitución puesto que el Pueblo, siendo el único soberano - es decir el único habilitado a decidir sobre su organización - no podría estar limitado por un marco jurídico pre-existente o por poderes constituidos. Se hace énfasis en el poder absoluto de la mayoría que representaría al Pueblo.

Cabe, sin embargo, diferenciar al interior de la tendencia holista a quienes aceptan o rechazan la existencia de una Asamblea Constituyente. Por ejemplo, los marxistas-leninistas, piensan que primero se debería llevar a cabo una insurrección general para que la Carta Magna no fuese una letra muerta y porque consideran que la revolución debe ser realizada por asambleas de trabajadores, en base a relaciones irreconciliables entre clases sociales dominantes y dominadas. En enero de 1918, Lenin cerró la Asamblea Constituyente que se venía realizando después de la caída del Tzar; de hecho, la revolución bolchevique acabó rápidamente privilegiando al partido único antes que a los soviets. Estas consideraciones son pertinentes si se considera que la Asamblea Constituyente de 1961 en Bolivia ratificó lo que se había realizado, en la práctica, a partir de 1952.

Estos debates sobre la limitación o no de la soberanía, cobran un sensible relieve a la hora de determinar si la Asamblea Constituyente boliviana actual debería ser considerada como "originaria" o "derivada": este tema aún no ha sido zanjado, pese al acuerdo alcanzado sobre la aprobación del nuevo texto constitucional. Así, en los primeros artículos del reglamento de debates de la Asamblea, se afirma que ésta es plenipotenciaria; sin embargo, se añade también que no podría posicionarse por encima de los poderes constituidos.

En el fondo, y pese a compartir la soberanía popular y la igualdad ante la ley como  principios fundadores, los exponentes y defensores de cada una de estas formas de democratización consideran que el tipo de democracia preconizada por los demás no sería genuina . Por ende, la definición de lo que sería una "revolución democrática" se vuelve tan compleja como la manera de entender lo que sería "autoritarismo".

 

ANOTACIONES FINALES

La Asamblea Constituyente no es una novedad ni en Bolivia ni en Hispanoamérica, dado que emerge del zócalo político que adoptaron desde la Independencia: la Democracia y la República, constituida en un solo Estado y asentada en una sola Nación. Los ecos entre el siglo XIX y el siglo XXI conducen inclusive a proponer una explicación alternativa (sujeta a necesarias correcciones): al tratarse de sociedades desiguales y fragmentadas, a menudo las Asambleas Constituyentes de esos países surgen de procesos de crisis en los cuales una parte de la población, diciendo representar al Pueblo en su conjunto, exige una nueva Constitución. En efecto, la convivencia interna está basada en la idea de un pacto entre todos los habitantes del país; cada vez que se hace un pacto, se funda una nueva Constitución y cada vez que surge una crisis importante, uno o varios grupos sociales señalan no estar de acuerdo con el pacto en vigencia y demandan cambiar la Carta Magna. Esta explicación abre algunas pistas de esclarecimiento y muchas interrogantes sobre el proceso constituyente boliviano. A menos que ocurra un cambio drástico en el zócalo político boliviano o en la forma de concebir y aplicar la soberanía popular, esta lógica bien podría repetirse, sin importar el carácter de los gobiernos venideros o de la nueva Constitución adoptada.

Asimismo, y pese al riesgo que comporta analizar una coyuntura de transformaciones, es posible observar que el proceso actual no podría ser tipificado, a través del marco metodológico y analítico hasta ahora existente y formulado durante el siglo XX, como "reformista" o - aun - "revolucionario". A estas alturas, cabría comprender este período como una transición abierta: no se han respetado totalmente los medios de convivencia política, pero tampoco se los ha violado en su integridad, prosiguiendo el "para-constitucionalismo" que caracteriza Hispanoamérica. Asimismo, el desenlace de esta transición no está todavía determinado. Cuando se sale del frágil marco de la transición abierta - ni totalmente de ruptura ni totalmente de continuidad, hecha de acuerdos progresivos y sin un epílogo claro - es cuando se tensionan el país en general y la Asamblea en particular.

Por ende, determinar si Bolivia vive una "revolución democrática" es un tema aún indeciso, que cuestiona las diferentes formas de concebir no sólo la revolución, sino también la democracia. En efecto, la toma y el ejercicio del poder con vistas a derrocar un orden existente supone un grado de conflictividad que ni la negociación o el compromiso lograrían resolver. Sin embargo, concebir que la revolución que se estaría llevando a cabo esté enmarcada en la Asamblea Constituyente implica la conclusión de un pacto, es decir un acuerdo entre iguales sobre el tipo de sociedad y de poder político que regirá a una comunidad. Por tanto, si se respetaran los propios principios de esta "revolución", no se podrían imponer decisiones unilaterales, emanadas o impuestas por un solo grupo, y mucho menos destinadas a eliminar a otros: establecer un pacto supone arribar a consensos y reconocer la validez de diferencias - económicas, sociales, políticas e ideológicas - entre los agentes del pacto. Estos consensos no sólo implican respetar las voces discordantes o de las llamadas minorías, sino también abandonar el recurso a la fuerza a la hora de aprobar la nueva Constitución o pretender llegar a una unanimidad. Entrañan, igualmente, un entendimiento sobre las formas de hacer respetar el pacto y de legitimar las decisiones venideras: la autoridad del futuro Estado sólo podría desarrollarse a través de leyes escritas y adoptadas mediante un procedimiento establecido, aun si obstaculizan la acción del gobierno; conlleva, por tanto, a limitar el poder político. En suma, la "revolución democrática" apela tanto a una democratización abrupta, que no tendría límites previos, como a una democracia formal, teóricamente basada en acuerdos y en el estado de derecho (el poder político es limitado por el derecho).

Estos factores permiten comprender una faceta de las pugnas que se viven en el actual proceso constituyente y que pueden llegar a agudizarse a la hora de aprobar la nueva Constitución. Por ejemplo, determinar si la prolongación de la Asamblea Constituyente debe emanar de ella misma o del Congreso implica volver a sopesar si su carácter es "originario" o "derivado". La segunda opción implicaría que se pueda imponer a los asambleístas temas o procedimientos que no hayan decidido por sí solos, así como obligarlos a aceptar resoluciones del Tribunal Constitucional, un poder constituido; pero, sobretodo, pondría en tela de juicio la versión oficial de una revolución en marcha.

De la misma manera, los debates y las propuestas ligadas a la supresión del Senado podrían ser particularmente vehementes. No sólo porque representa la cesación de un órgano del poder legislativo en vigencia y que debe fiscalizar al gobierno y ejercer un mutuo control de la Cámara de Diputados; sino también porque implicaría un desequilibrio en la representación departamental. Actualmente, la Cámara Baja está compuesta en función del número de población, no así la Cámara Alta, que atribuye a cada departamento un mismo número de representantes. Su supresión conllevaría a que los departamentos con mayor población tengan más representación que los demás. A la disminución de los límites del poder ejecutivo que se persigue con dicha propuesta - y que acrecentarían el presidencialismo en Bolivia y por tanto el poder del Estado sobre el espacio individual - podrían sumarse las tensiones, ya vivas, entre departamentos.

De no emerger un acuerdo sobre los ejes más importantes de las reformas constitucionales y la seguridad de que tanto los acuerdos como la nueva carta magna serán respetados, la transición abierta podría pasar de ser un conflicto en torno a la legitimidad de las autoridades y el control de los recursos naturales, a un conflicto puro de soberanía generalizado al país; es decir, una contienda configurada entorno a quiénes, a nombre de qué Pueblo y en virtud de qué principios, tomarán las decisiones políticas en la sociedad boliviana. En efecto, algunos elementos de lo sucedido en la capital del Valle en Enero de 2007 podrían repetirse en el momento en que, por referéndum, los ciudadanos sean convocados a aprobar el texto que salga de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente. Si se presentaran fuertes disparidades en el nivel de aprobación entre regiones, e incluso al interior de ellas, existe la posibilidad que surjan discursos y comportamientos exigiendo ya sea la desobediencia como el respeto absoluto de los resultados de la consulta, así como el derrocamiento o el acatamiento de las autoridades elegidas. En síntesis, sería una competencia y una pugna entre "soberanos", vale decir un conflicto potencialmente violento al interior de la sociedad entre actores que pretenden encarnar al Pueblo, ya no un antagonismo entre sociedad y Estado.

Por tales motivos y más allá de la correlación de fuerzas, si se pretende implantar a otro tipo de mecanismos democráticos ("participativos" o "comunitarios") y si se apunta a modificar el "Soberano" - dándole un cariz étnico, volviéndolo plural, o atribuyéndole diferentes límites y territorialidades en el interior del país o una extraterritorialidad fuera de Bolivia - cabría previamente advertir que la concepción y la aplicación concreta de la soberanía popular, así como las formas de concebir la democratización, suelen también producir efectos inesperados y un sinnúmero de interrogaciones de fondo. Los propios derroteros que tomó la acción política desde el inicio de este siglo en Bolivia lo ejemplifican singularmente.  

El conjunto de estas reflexiones incita a considerar que la nebulosa de interpretaciones que constituyen la categoría "revolución democrática" es reveladora de las incertidumbres y tensiones que experimenta en este momento la sociedad boliviana. Al surgir de la combinación de fenómenos contradictorios, complejos, nuevos y pasados, esta expresión conduce, por vía de consecuencia, a interrogarse sobre la vigencia del bagaje teórico y analítico que los agentes y las ciencias sociales disponen; así como a examinar la relación entre causas y consecuencias que se tiende a atribuir a los relatos de los últimos doscientos años en general, y de los recientes veinticinco años en particular. En suma, se trata de una combinación que no sólo permite problematizar los hechos sino que conduce también a plantear la necesidad de suspender juicios de valor para reformular el cuestionario y las dimensiones cronológicas que se aplican a la hora de comprender el actual proceso constituyente boliviano.

El miedo y la incomprensión, antes que la prudencia y el esfuerzo por entender las perspectivas políticas y las utopías ajenas, suelen ser los peores consejeros a la hora de realizar cualquier acuerdo, en especial un pacto social que fundamente una nueva Constitución. El propio "pacto" puede ser entendido de diferentes maneras, pese a ser una palabra empleada desde la Colonia.

Es, por tanto, oportuno abrir un escenario de reflexiones teóricas que deberían preocupar a los actores tanto del campo científico como del campo político, a nivel individual o colectivo: si la transición abierta que se vive está hecha de incertidumbres y si Hispanoamérica suele combinar tendencias antiguas con elementos políticos nuevos, los cambios drásticos de marco político pueden arrojar contradicciones no siempre resolubles ni previsibles. Si aún no se dispone de instrumentos analíticos y de la distancia suficiente para dar cuenta de manera exhaustiva del carácter inédito de la "revolución" que Bolivia estaría viviendo, la experiencia de dos siglos de vida republicana, alimentada por la teoría política y la Historia, permiten afirmar que los efectos socio-políticos obtenidos son raras veces los que eran anhelados.

Esto entraña que el "pacto social" no sólo puede basarse en negociaciones o en compartir "imaginarios comunes". Requiere también de un entendimiento, basado en un trabajo y una revisión de conceptos y perspectivas. Este ejercicio se realiza con mayor precisión cuando se privilegia la comprensión antes que las impresiones, por más compartidas que sean. Implica, sobretodo, la clarificación y la organización de ideas, no sólo la confrontación o el sondeo de opiniones; opiniones que, por lo demás, suelen cambiar.

 

La Paz, 31 Julio 2007

Sebastián URIOSTE GUGLIELMONE (Doctorante en Sciences Po Paris)

uriostesebastian@gmail.com

 

Mis à jour le 26 juin 2009