Bolivia: Nueva constelacion de poder y gobernabilidad

Écrit par Jorge Lazarte

 

El proceso electoral de 2005 hizo temer que el siguiente gobierno enfrentaría nuevamente problemas de gobernabilidad, como había ocurrido con los gobiernos anteriores, dos de los cuales fueron obligados a acortar sus mandatos por presiones de la calle.

 

Una parte significativa de la votación obtenida por el Movimiento al socialismo (MAS), particularmente de clase media, fue una respuesta a este temor y por ello mismo se orientó por el cambio entendido como la posibilidad de que con el nuevo gobierno las condiciones que habían hecho ingobernable el país en los últimos años tenderían a disiparse, más aún si asociaban a esta ingobernabilidad las movilizaciones colectivas promovidas por el MAS y su dirigente Evo Morales. Los resultados electorales  de diciembre 2005 fueron tan contundentes, que dieron lugar a una nueva configuración del poder, como no se había conocido en las dos últimas dos décadas de democracia,  que se pensó que en este tema como en otros, el país había efectivamente entrado a una historia distinta. El propósito de este capítulo es examinar cuales fueron los efectos de la nueva distribución del poder sobre la gobernabilidad del país.

 

1) Gobernabilidad  y  conflictos de la sociedad

2) Ingobernabilidad social en democracia

3) La rebelión de "octubre" de 2003 y la salida electoral

4) El viraje histórico  de los resultados electorales de diciembre de 2005

5) La nueva distribución del poder y sistema de  "partido" dominante

6) ¿Retorno de la ingobernabilidad?

7) La reproducción de la ingobernabilidad pasada y la democracia del "consenso"

8) Ausencia de conciencia normativa

9) Nacionalismo étnico y etnicismo

 

1) Gobernabilidad  y  conflictos de la sociedad

Uno de los grandes problemas que el país  no puede resolver desde la fundación de la república,  es la debilidad de sus instituciones y de su institucionalización . Este déficit explica en buena parte la inestabilidad política tradicional y los problemas de gobernabilidad de la sociedad, y particularmente los de gobernabilidad política.

La gobernabilidad de la sociedad es entendida como su capacidad de mantener sus conflictos en los límites compatibles con su propia existencia y de tomar decisiones vinculantes. 

Como se sabe el concepto de "gobernabilidad" entra en el debate académico y luego político a mediados de los años setenta,  y a principios de los ochenta empieza a ser usado cada vez con más frecuencia en América Latina., pero el horizonte analítico cambia del mismo modo que los términos del problema. Ya no se trata de los "excesos" de la democracia ya existente, como había sido el caso del Informe de la Trilateral   sino de hacer gobernable la democracia por exceso de su contrario autoritario tradicional. Aunque la discusión luego deriva en una multiplicidad de sentidos , muchos de ellos referidos al "buen gobierno" , lo cierto es que el sentido básico se refiera a las condiciones primarias "institucionales" que hacen posible el funcionamiento de la democracia.

De algún modo,  los  países de la América Latina siempre habían tenido reglas, pero la política funcionaba por otros caminos y otros medios  que quebrantaban la regla. Había que estabilizar el funcionamiento de la regla, que era estabilizar el sistema político.

La nueva democracia necesitaba  institucionalizar sus propias reglas de funcionamiento y este fue diríamos el primer problema político que se debía resolver como una condición primera para su propia preservación. Por ello, la  gobernabilidad,  entendida como la aptitud de una sociedad para ser gobernada ,   adquirió  una importancia central.

En  democracia,  como forma de organización del poder y de la sociedad,  lo que se pretende es que las instituciones se constituyan y funcionen democráticamente. Estas reglas diferenciadas y válidas para todos, es la base de lo que se llama el espacio público. En este sentido, la ausencia de institucionalidad en Bolivia quería decir al mismo tiempo, ausencia de espacio público. Lo que había de espacio público como sistema de reglas  era simple "formalismo"  como solía decirse, sin ningún efecto práctico, que no sea para sancionar a los débiles usado para fines de beneficio personal. La cultura que correspondía a esta situación era la cultura patrimonial , que está en el fondo de la corrupción.

Una de las enseñanzas de todo el esfuerzo  de institucionalización  en Bolivia en las dos últimas décadas es la importancia aún sobredimensionada que tienen las personalidades en el proceso de institucionalización. Es decir, que la paradoja es que para que los procesos de institucionalización sean exitosos, la clave resulta siendo la confiabilidad que inspiren las personas designadas para dirigir y representar a las instituciones. En este caso de institucionalización débil, la creencia  en el funcionamiento de la regla depende de la  confianza pública  en las autoridades. Todo el sistema de reglas puede venirse abajo por la desconfianza en  la acción de los operadores o simplemente la baja institucionalidad o ausencia de una cultura institucional es atribuible en gran parte a la acción no institucional de sus operadores institucionales y políticos.

En  Bolivia, el déficit de institucionalidad no fue precisamente la carencia de reglas, sino su incumplimiento. Esto fue particularmente evidente con las reglas electorales, cuya abundancia fue proporcional a sus violaciones. Los procesos electorales no fueron menos abundantes, la mayor parte de ellos después de golpes militares, tanto porque al reclamar elecciones, la oposición tenía como propósito poner en duda la legitimidad del gobierno, como porque cuando las realizaba el gobierno del gobierno estaba  seguro de que podía ganarlas.

Esta  tradicional inestabilidad  había hecho de Bolivia uno de los países más inestables del continente. Es decir en democracia había que resolver problemas de gobernabilidad primaria , que impida que los conflictos desborden los límites compatibles con el funcionamiento del sistema político. Este problema era tan traumático para el país que los pactos políticos de gobierno, que no tienen necesariamente este  fin primario, fueron  designados como "Pactos de Gobernabilidad" con los cuales se buscó enfrentar este problema primario. 

Estos pactos funcionaron sobre la base de dos  principios. Uno de los principios  es que los partidos se sometían voluntariamente a ese acuerdo que podríamos llamar "negativo", por el que  los partidos eliminan el uso de la violencia para resolver la competencia por el poder. En  segundo lugar, aceptaban someter la competencia por el poder y sus diferencias de intereses al cumplimiento  de ciertas reglas. La concertación fue el método que a través de aproximaciones sucesivas y  objetivos compartidos se fijan  marcos de acción consentidos. El hecho de participar en estos procesos de concertación  crea la  obligación de  aceptar  sus resultados .

A partir de 1991,  el "pactismo", que realidad empezó desde 1885, se convirtió en "política"; es decir los pactos sucesivos adquirieron la forma de "política de pactos", que  recompuso las relaciones básicas entre los partidos hasta el 2002.  

En todos los casos se trataba de coyunturas críticas  que sólo podían ser remontadas por acuerdos interpartidarios, en los cuales  no estuvo ausente el cálculo partidario,  pues una crisis que sobrepasara el control del gobierno y de los partidos, podría precipitar un proceso de ruptura, del que los partidos serían también sus víctimas, como ya habían pasado tantas veces en la historia del país. 

Los pactos cumplieron varias funciones. Diríamos que dos esencialmente; primero,  hacer   irreversible la transición mediante la estabilización política; y segundo, avanzar en la institucionalización del sistema político.

Con todo, la opinión pública a pesar de favorecer los acuerdos, empezó a ser  muy crítica, para decir lo menos,  respecto a lo que podríamos llamar el componente "patológico" de  los pactos políticos. En efecto,  de pactos necesarios para la gobernabilidad se convirtieron  en pactos para la distribución "privada"  de cargos, que la población conoce como "cuoteos" que es la parte que cada partido recibe por su participación  en el poder; o pero aún, la población sospechó que los pactos eran en realidad de encubrimiento recíproco de acciones indebidas. Quizá aquí existió un malentendido profundo y una inversión del sentido primario de  los pactos. Por una parte, los pactos de gobernabilidad implican al mismo tiempo decisiones sobre la parte de cada partido en el control del poder. Mientras los dos componentes fueron tratados y presentados  simultáneamente, la opinión pública tenía poco que objetar. El problema nació cuando la gobernabilidad dejó de ser el principio y se convirtió en excusa y en chantaje para mejorar las "cuotas" de poder; y la concertación se convirtió en muchos casos  en simples negociación de espacios de poder. Es decir, los pactos dieron lugar a efectos  "patológicos", vinculados a otros intereses más domésticos y no siempre éticos de los dirigentes políticos, que devaluaron  la idea misma de pacto y que la población la percibiera con fuerte desconfianza y rechazo.

De todos modos, estos pactos que habían permitido avances políticos  importantes, no sólo estabilidad política sino crear instituciones y reformas constitucionales como los organismos electorales independientes, la defensoría del pueblo, el tribunal constitucional,  empezaron a ser puestos en jaque desde principios de los años dos mil,  con la aparición de situaciones de ingobernabilidad y de crisis, que se pensaba eran cuestión del pasado, y que amenazaron   no  sólo  la estabilidad gubernamental sino  la estabilidad misma de la democracia y la  pertenencia a una misma comunidad política.

 

2) Ingobernabilidad social en democracia

Bolivia conoció históricamente  dos formas de ingobernabilidad. La ingobernabilidad desde "arriba", imputable a la elite gobernante; y la ingobernabilidad desde "abajo", desde la sociedad civil. La primera pudo ser controlada por los  mencionados pactos  por las cuales los partidos políticos se comprometían  a viabilizar la gobernabilidad.   La segunda fue debilitada en sus efectos desestabilizantes por la crisis del sindicalismo boliviano . Pero  debilitamiento no quería decir desaparición y varios conflictos sociales desde 1985 hasta el pasado año solo habían podido ser controlados mediante estados de sitio, que cada gobierno disponía para evitar eventuales efectos desestabilizadores . Tampoco crisis sindical quería decir eliminación de los conflictos ni agentes del conflicto, y esto es precisamente lo que ocurrió el 2000, cuando emergieron con toda su fuerza  formas de ingobernabilidad desde "abajo", movimientos de "rebelión" vinculados en gran parte a los cambios del país en los últimos veinte años.

Conflictos sin demandas unificadas ni articuladas, y a veces contradictorias entre sí.  Conflictos sin estrategia común  que los canalice y  surgidos  por arrastre. Conflictos  con múltiples interlocutores, o sin interlocutores visibles. Conflictos  que adquieren fuerza propia y de los que   los dirigentes pierden rápidamente el control. Conflictos con demandas cuyas soluciones sólo pueden alcanzarse en el largo  tiempo pero que se plantean con la exigencia ultimatista de "solución"  inmediata, por parte de una población que no cree en el futuro, le teme y   piensa   que será peor que   el presente. Conflictos paradojales de los pobres en los que por las acciones que  toman  hacen más pobres a los pobres, pero que tienen   un  común denominador: la ira y la violencia del conflicto. Conflictos de "muchedumbre" impermeable a las "explicaciones" de  que sus actos perjudican a la economía del país. 

La ira  y la violencia desbordadas describían  con dramatismo  los conflictos. Violencia desbordada, violencia de rebelión y de  desafío a la autoridad del Estado; violencia que  no era   por el poder sino  violencia contra el poder y por ello mismo incontrolable; violencia de los que muchas veces sin tener demandas precisa, necesitaban  sin embargo descargar un fuerte  sentimiento de frustración.

Este componente de alta emotividad  fue  la otra   particularidad marcante  de los nuevos conflictos. Los conflictos habían  crecido en su intensidad, y por ello mismo se habían   hecho más difíciles de tratamiento  razonable. El acentuado  involucramiento de los movilizados, hacía más complicada aún  la tarea de una salida negociada. 

Una de las constataciones  más inquietantes  de los conflictos de abril y de septiembre del 2000, es que fueron, además, el escenario de acciones de riesgo contra  la democracia. Desde los bloqueos, las marcha, tomas, amenazas, desde la  multitud, los vecinos, los  dirigentes sociales y políticos,   re-emergieron  las viejas corrientes no democráticas o francamente  antidemocráticas, muchas de ellas nostálgicas, que no habían actuado desde hace tiempo.

Ciertamente los cambios en la sociedad   , y que no todos son imputables a las políticas de ajuste estructural iniciadas en 1985, habían  producido una sociedad ahora más compleja de aquella que hizo la revolución "modernizadora" de 1952. Estos cambios han cambiado el terreno de los conflictos, que se han hecho múltiples, irreductibles entre sí, diversos en sus fuentes y en  sus formas. También han cambiado los actores;  las viejas identidades sociales, como las del movimiento sindical, permanentes, macizas y  cristalizadas por la historia, han sido reemplazadas por identidades  fluidas, entremezcladas y precarias, como precario  es el mercado de trabajo y la incertidumbre que amenaza a cada boliviano.  Cada uno es varias identidades a la vez. Todo se ha vuelto gelatinoso, borroso, incierto y sin horizontes de futuro  que sirvan para diferir las expectativas del presente. Ahora más que actores históricamente constituidos, como fue el movimiento sindical,  lo que hay es la conformación efímera de acciones  contestatarias, más propias de la muchedumbre precapitalista , que del  moderno  movimiento obrero, y que surgen  en la coyuntura por agregación inmediata,  para desaparecer luego de la  protesta.

Al cambiar el terreno de los conflictos y los actores del conflicto se habían  cambiado igualmente la lógica de la acción colectiva. Hoy en día las acciones colectivas están igualmente desestructuradas, fragmentadas, discontinuas y  dispersas, pero con un elevado potencial de descontrol.  Los conflictos del pasado, organizados  alrededor de polos poderosos de movilización, eran identificables, y se sabía con certeza cual era el agente del conflicto. Ahora los conflictos surgen  por explosión, y que en ciertas circunstancias pueden convertirse en activadores de otros conflictos. El resultado es que la confluencia de conflictos rebasa la capacidad del Estado de controlarlos dentro de ciertos límites compatibles con su propia existencia.

Los conflictos de abril y septiembre del 2000  revelaron la existencia de dos Bolivias en conflicto, es decir, un país fracturado socialmente entre los que están  dentro y los  están fuera. Por ello mismo,  dejaron  ver detrás del texto de las demandas,  el sentido de la protesta, y que rebasa lo estrictamente coyuntural. El conflicto de coyuntura dejó transparentar conflictos  de estructura. Por tanto esos conflictos deben leerse en dos dimensiones. La idea de las dos Bolivias, nos remitía  a problemas no resueltos en distintos periodos de la historia del país. 

Ciertamente, los antecedentes más inmediatos tienen que ver con los cambios vinculados con las políticas de ajuste estructural iniciadas en 1985. Una de las consecuencias de esas políticas es el desmantelamiento del Estado de bienestar y "protector" de 1952, para convertirlo en Estado regulador. Con ello, el Estado ahora tiene menos recursos o posibilidades de cumplir una función básica del Estado, que es su función de garante de la cohesión social y de los equilibrios macrosociales. Una sociedad no puede cohesionarse a sí misma si no por mediación  estatal. Dadas las desigualdades sociales crecientes, el rol de integración social estuvo reservado al Estado. Esto es lo que intentó hacer desde 1952. Las políticas económicas desde 1985, debilitó la débil integración social lograda, al crear nuevas desigualdades sociales entre las dos Bolivias.

De otro lado, junto a problemas de integración social emergieron otros problemas de integración cultural, sobre el cual se había avanzado también desde 1952. El mestizaje logrado por la revolución de 1952 con su "reforma educativa" de integración del "campesino", eliminó las peores aristas de una sociedad  estamentaria y diríamos "racista", pero conservando las discriminaciones. Estas discriminaciones étnico-culturales  transversales a la sociedad, conformaron demandas de integración cultural, que no sea por el camino de la desaparición de las diferencias.¿ Cómo hacer que los distintos componentes étnico-culturales formen parte de un "nosotros", sin dejar de ser ellos mismos?

Es decir los conflictos de abril y de septiembre de 2000 replantearon viejos problemas no resueltos desde la fundación de la república. El problema de la integración social problematiza la función primordial  del Estado, "síntesis" de la sociedad. ¿Un Estado que deber ser garante de la cohesión social puede cumplir este rol siendo solamente Estado "regulador", en un momento en que  las ortodoxias de las políticas económicas producen efectos exactamente contrarios?

Es decir, el descontento expresado en los conflictos "calientes" han cuestionando de algún modo los fundamentos del país, planteando por tanto la pregunta, ¿si el país que tenemos es el país que queremos?

Sin embargo y con respecto a la democracia, el problema parece situarse en otro nivel  Aunque no se cuestiona propiamente la democracia como régimen de garantías,  ni como modelo político basado en ciertos principios, sí han crecido sus críticas, evidenciando  un conflicto interno en la democracia,  entre la democracia como fórmula de legitimidad y la democracia como rendimiento, entre la democracia como sistema deseable y la democracia como capacidad de respuesta  a los problemas del país.

 

3) La rebelión de "octubre" de 2003 y la salida electoral

Todo este malestar tuvo su primera manifestación política cuantificada  en las elecciones de junio de 2002, en las que el MAS sorprendió con un segundo lugar a dos puntos del primero  y cuyos resultados   provocaron el hundimiento del sistema de partidos centrípeto  organizado sobre tres fundamentales más cuatro de apoyo,  sobre el cual había funcionado el sistema político desde 1982, cuando se estableció la democracia y en su lugar se instaló uno nuevo sistema centrífugo  de cuatro partidos, entre "sistémicos" y "antisitémicos", sólo duró hasta diciembre de 2005.

La continuidad de los pactos de gobernabilidad entre partidos tradicionales desacreditados no sólo no impidió sino que alentó los factores que harían crisis  en la explosión violenta de octubre de 2003, que derrocó al gobierno de coalición que se había   organizado en agosto de 2002. En octubre de 2003, Bolivia  vivió  uno de los cataclismos políticos más significativos de su historia,   por la acción  de las más grandes movilizaciones sociales y políticas, que han hecho temblar las estructuras políticas e institucionales. La profundidad, las dimensiones  y el escenario fueron  tan grandes  como grandes los problemas que emergieron y  pusieron en grave riesgo  la existencia de la  democracia.  Pero también la crisis fue el escenario de un gobierno y partidos,  que se hundieron  por la ceguera suicida que se apoderó de ellos. Esta crisis como momento supremo de "verdad",  le permitió  al país verse en el espejo de su propia realidad.

La rebelión de octubre reveló la magnitud y profundidad de la crisis y sus  bloqueos. Lo que se llamó  la "agenda de Octubre" tuvo  varios niveles de significación, que no se agotan en la "letra" de  los tres grandes temas impuestos a los  gobiernos siguientes. En una lectura de segundo grado,  la demanda de la población por el referéndum implicó  un rechazo de una  cierta manera de hacer funcionar la política.  La revisión de la Ley de Hidrocarburos  a su vez puso  en cuestión  los principios orientadores de las políticas económicas.  Finalmente la exigencia de la Asamblea Constituyente (AC) para "refundar" el país, expresaba el sentimiento de desacuerdo  con  un cierto país construido desde la fundación de la República,  Es decir la agenda de octubre nos remitía  a problemas vinculados a tiempos  distintos que por ello cerraba de alguna manera   varios ciclos históricos  

En el largo plazo es la demanda de autonomías desde las regiones que   cuestionan el   modelo de Estado unitario "centralista" , y es la protesta de  movimientos étnicos que no se reconocen en el  Estado "nacional";   pero también  es la crisis de un Estado que nunca pudo ser un Estado moderno.

En el mediano plazo  es el cuestionamiento virulento de un modelo de funcionamiento de la política que ha pervertido sus propios fundamentos, convirtiendo los medios en fines,  y que la democracia no ha podido vencer. Es también  la crisis de  un modelo económico que desde 1985 no aseguró crecimiento económico sostenido; y  es  la crisis de un modelo de  integración social implicado en el modelo "neoliberal", que abandona al automatismo del mercado las desigualdades sociales agravadas en los últimos 20 años que han puesto al país   por encima del promedio latinoamericano.  En lo inmediato es también la  crisis de autoridad y de rumbo en el gobierno del país, que se había  convertido en parte del problema de ingobernabilidad generalizada.

El conjunto  nos  remitía  ciertamente a la   crisis  de una  sociedad en la que ningún grupo social siente que está  en el lugar que cree que le corresponde. Por tanto es también la crisis   de lo que se llama sociedad civil, tan idealizada en los últimos tiempos, y  tan afecta al "privatismo" de sus intereses y dispuesta a invadir el campo político En suma,  es la crisis de una cierta idea y manera de construir el  país que han fracasado. 

Esta crisis sin salida positiva tuvo otro momento crítico en junio de 2005 , con  el gobierno de Carlos Mesa, que sucedió al anterior derrocado y que  también  cayó desbordado  por  los conflictos, a pesar de la enorme popularidad con la que fue favorecido, comparable a la de Evo morales, el Presidente actual. Mesa fue reemplazo  por el gobierno  de Eduardo Rodríguez Veltzé, que siendo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ante la renuncia forzada por los sectores sociales movilizados,  de los presidentes de ambas Cámaras legislativas, tuvo que asumir la Presidencia de la República con la misión  particular y constitucional de convocar a elecciones para renovar el Poder Ejecutivo.

La salida electoral fue extremadamente complicada por la existencia de un gobierno débil, sin partidos ni estructura política para gobernar, pero que estaba convencido de que si su tarea fracasaba era la democracia misma la que podía venirse abajo. Es decir, la viabilidad electoral dependía de un pacto  político en el parlamento, que contara a la vez con apoyo social. Parar ello, en primer lugar, había que reestablecer las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, muy deterioradas en el gobierno de C. Mesa. El nuevo gobierno ajeno a las disputas anteriores y convencido de que su misión era viabilizar esta salida electoral, Eduardo Rodríguez V. , estaba en condiciones para recomponer la  relación política con los grupos fundamentales de la sociedad y para ello tuvo la idea clara de lo que debía hacer y la estrategia para lograrlo.

El pacto  sólo podía ser viabilizado modificando la CPE, desatando el nudo que había conducido a la renuncia del Presidente anterior. El problema de fondo era reordenar  la agenda política  que había dividido al país.

De un lado, en la agenda del oriente figuraba la demanda por las autonomías departamentales, y por el otro lado, en occidente se priorizaba  la AC y ambas en relación de conflicto  y de antagonismo.   En el oriente la AC era temida por sus potencialidades resolutivas que pongan en riesgo, entre otros temas,  la propiedad de la tierra fuertemente concentrada en esta región que favorece a un sector muy  poderoso con capacidad de influencia en las organizaciones cívicas del departamento. La demanda  por las autonomías aparecía como una estrategia apoyada por estos sectores de propietarios para ampararse en la nueva configuración estatal que impida que el gobierno "centralista" interfiera en el proceso de distribución de tierras, uno de los más delicados en el país por su extrema desigualdad. Esta demanda era acompañada de otra, que era la del referéndum autonómico, cuyo valor vinculante debía ser departamental y no  nacional, lo que era percibido por sus adversarios como otra prueba más de que lo que se buscaba era utilizar la autonomía para tomar decisiones políticas a favor de esos intereses por encima del Estado Nacional a favor de los regional-"oligárquico". Esta razón unida a  la creencia de que las autonomías pondrían en riesgo la unidad del país, indujo a las instituciones sociales del occidente a rechazar o por lo menos no favorecer la demanda de las autonomías y reemplazarla por la exigencia de la AC que ya había sido una consigna central  en las caídas de los dos gobiernos anteriores. 

Poner en consonancia estas agendas fue  la tarea difícil  del nuevo gobierno, que casi era como resolver la  cuadratura del círculo.  La estrategia gubernamental  fue rearmar  las distintas demandas en una sola distribuida en distintos tiempos y otorgar las garantías a cada sector  de que puede satisfacer su demanda  a cambio de que reconozca lo suyo a los otros.  Establecer ese mínimo de garantía y confianza fue la base para conducir el proceso de acuerdo político. El factor clave fue la situación misma del gobierno que no aparecía comprometido con ninguno de los sectores y con gran interlocución con todos ellos.

El resultado de este difícil proceso de concertación fue un reordenamiento de la agenda del país que había estado dividiendo al oriente con el occidente, garantizando constitucional y legalmente que habrían tanto elecciones generales, como el  proceso de referéndum autonómico  y la Asamblea Constituyente ,  sólo que en tiempos distintos.

 

4) El viraje histórico  de los resultados electorales de diciembre de 2005

Los resultados de las elecciones de diciembre de 2005, que como nunca en las últimas décadas le han dado a la candidatura ganadora un inesperado 54% de la votación nacional,  han abierto una nueva época en la historia del país. La crisis múltiple expresada en términos políticos en la caída de dos gobiernos sucesivos, en 2003 y en 2005, ha dado lugar a un proceso de recomposición del poder político en curso. Sociológicamente se ha producido un recambio en la élite gobernante, que es lo más importante desde la fundación de la República en 1825. Los que siempre habían sido mantenidos fuera de las esferas del poder institucional, principalmente los indígenas y grupos "originarios", tienen ahora el gobierno del país a través del Movimiento al Socialismo (MAS) que los representa y Evo Morales que es su líder. El propósito político de los nuevos gobernantes es "refundar" el país. E internacionalmente pretenden  alterar el mapa geopolítico de América latina. Cualquiera  que sea el resultado, la historia del país ya no sin lugar a dudas es la misma y de manera profunda.

El proceso iniciado con la convocatoria a elecciones encontró a todos los partidos en condiciones no aptas para enfrentar el proceso. Los  partidos "tradicionales"  afectados y paralizados por su larga crisis y que habían entrado en colapso,  y los otros, como el MAS. Tenían una  estrategia que  apuntaba más bien a las elecciones del 2007.

Los partidos habían pasado de un momento en el que la población los creía necesarios a pesar de no entusiasmarse por ellos, por lo menos a principios de los años noventa según las encuestas de entonces, a otro ya a finales de la década, en 1999, en el  que la población los piensan como prescindibles en democracia, y fuertemente asociados con la corrupción. 

En su lugar se generalizó la idea de viabilizar constitucionalmente a las agrupaciones ciudadanas . Ciertamente este hecho puede también constatarse en otros países de América Latina, sólo que en caso de Bolivia se fue muy lejos en este remedio sustitutivo. Pero tampoco ellas y menos ellas estaban en condiciones de entrar en el proceso electoral, tanto porque los resultados de su primera experiencia  no fueron muy alentadores  como porque dada su informalidad, se habían dispersado.

Los tres candidatos de los "partidos"  más importantes, el MAS, PODEMOS y UN se sumaron a la salida  electoral más que por convicción íntima por presión de opinión publica y el temor de que si esa salida no marchaba la crisis podría explotar una vez más arrastrando esta vez aún a los que había quedado en píe, y  también al MAS. Este último partido  temía que el descontrol de la crisis que podía estallar a falta de esta salida  electoral, lo afecte durablemente. Este argumento jugó fuertemente en el MAS para apoyar el proceso electoral en todas sus fases, aunque las primeras encuestas no lo daban ganador. Las instituciones del oriente boliviano y los sectores empresariales fueron los más entusiastas en la apertura electoral.

En la estructuración de las candidaturas,  los partidos quedaron en la sombra, unos se abstuvieron, otros se fundieron en alianzas, y los que se presentaron recibieron la peor votación de su historia, como fue el caso del MNR, al partido más importante del país en toda su historia.

Legalmente  participaron 8 partidos  reconocidos como tales. En las elecciones prefactúrales 9 partidos;  varias alianzas políticas",   4 Agrupaciones Ciudadanas(AC) y ningún "pueblo indígena" que como se recordará estaban y están habilitados para  presentar candidaturas. . Un sentimiento colectivo formado en el tiempo de contar con nuevos políticos provocó un desbande en los viejos partidos, cuyos dirigentes, sobre todo medios, se reciclaron el las AC y aparecieron de candidatos en los nuevos "partidos", que tampoco tuvieron demasiado escrúpulo en recibirlos, sobre todo Podemos  y UN, lo que sin lugar a dudas les perjudicó electoralmente.

Lo que estuvo en juego en estas elecciones fue  nueva distribución del poder que se expresó en la creciente   polarización entre el sentimiento de cambio dominante en el país pero por razones distintas, y la continuidad, que mayoritariamente se rechazaba asociada a un pasado que se buscaba superar. Diríamos que  si en  las  elecciones de 2002 la opción  era el  cambio con continuidad, ahora el  cambio significaba  ruptura.

Los temas de la agenda ciudadana   fueron similares a  los temas de 2002 con dominancia  económica: empleos: 63% ; Corrupción 33%; crisis económica 27 %; inseguridad 19%; falta de ayuda a los pobres 13%, bloqueos 11%,  propiedad del gas 11%. Pero había un  44%  que pedía cambiar el tipo de personas, lo que podía interpretarse como una demanda de cambio en la élite política del país. . Esta agenda se opone a otros temas más políticos y explosivos pero de minorías activas como tierra, gas, etc. Los resultados electorales evidencian esta voluntad de ruptura.

No sólo ganó el MAS. Su 54% es una victoria no esperada, que de algún modo aseguró su propia gobernabilidad. Podemos con el 29%  tuvo  una votación significativa con la que en otras situaciones habría sido primero y hubiera gobernado el país.

El tercero UN  tuvo  menos del 10%, laminado en la polarización. Las demás candidaturas, como el NFR, el Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia ( Frepab) y la Unión Socialista de los Trabajadores de Bolivia (USTB) simplemente no contaron electoralmente. No deja de ser significativo que el porcentaje de participación haya sido la más alta de todo el período democrático, particularmente de los sectores rurales.

Dos primeros hechos  merecen destacarse.  Por un lado,  la distribución de los votos en el país parece haber expresado la división geopolítica del país entre un occidente abrumadoramente masista y un oriente no masista . Pero por el otro, el MAS salió de su aislamiento en el oriente con una votación en enclaves masistas en el oriente, con cerca del 30% en Santa Cruz, también inesperado, lo que le otorga una capacidad de contra movilizaciones en estas regiones del país.

Igualmente  parece también estar claro que el MAS rebasó  su electorado  "popular" al ganar votos en sectores de clase media, que son los que le dieron el triunfo en circunscripciones uninominales  en la ciudad de La Paz, consideradas de clase media y alta clase media. 

Sin embargo, el MAS perdió la elección de prefectos en la mayor parte de los departamentos. El MAS sólo ganó en tres departamentos de nueve ( Oruro, Potosí y Chuquisaca), lo que explicaría después que la oposición política se hubiera trasladado a estos Prefectos no "masistas" , con los que el gobiernos mantiene relaciones no exentas de tensiones. 

Igualmente no deja de llamar la atención que La Paz, que es el departamento que más votos le dio a Evo Morales, no hubiese votado por el candidato a Prefecto apoyado por Evo Morales ante un rival aliado con Podemos. Todo ello es un síntoma de la complejidad política, que hoy tiende a simplificarse entre los partidarios del gobierno y los que no están con él.

 

5) La nueva distribución del poder y sistema de  "partido" dominante

El resultado de las elecciones de diciembre ha provocado una ruptura profunda en la geología política del país. Sociológicamente es el cambio más importante desde la fundación de la República en 1825  en las élites gobernantes y la historia ya no será igual hacia adelante cualquiera  que sea su resultado. El futuro sigue siendo una incógnita mientras que el gobierno  con sus ambigüedades y su estilo, no ayuda a despejarla.    

La  magnitud de la victoria electoral de Evo Morales en las elecciones de diciembre de 2005, fue tan inesperada  como inesperada es la nueva coyuntura postelectoral  del país.   Ningún candidato en los 24 años de democracia había obtenido la mayoría absoluta del voto ciudadano (el antecedente comparable se remonta a 1966, cuando el fraude electoral era un hábito compartido). Esta victoria del 54% contra el 29% del segundo, representa el cambio político más importante del país de las últimas décadas no sólo en términos cuantitativos, sino y sobre todo cualitativos, pues   en términos   sociológicos se ha producido una alternancia en la elite gobernante que es más importante que la de la revolución de 1952. En realidad es una ruptura. Han llegado al gobierno del país representantes de los grupos indígenas excluidos desde la fundación de la República en 1825 y de los "nuevos excluidos"  por las políticas "neoliberales" aplicadas a partir de 1985. Todo ello en los marcos de la democracia,  a la que tanto criticó el Movimiento al Socialismo (MAS) desde la oposición,   y que hoy hizo posible  estos cambios tan drásticos.

Evo Morales pudo expresar  las distintas demandas de cambio no siempre compatibles. Su condición de líder de los cultivadores de coca y la defensa de este producto tan importante en la cultura andina contra la política de erradicación de los cultivos de los EE.UU. le permitió expresar  un sentimiento  "antiamericano" y de "dignidad nacional". Su rechazo a las políticas "neoliberales" lo acercaron a los sectores pobres. Finalmente se sumaron  sectores de clase media hartos de la política tradicional de partidos asociados con la ineptitud y la corrupción. Evo Morales condensó estos tres sentimientos colectivos de cambio.

La victoria electoral  ha alterado profundamente la distribución del poder político en Bolivia y hecho emerger un  nuevo sistema de fuerzas políticas, con una fuerza dominante  que nos recuerda al MNR de la revolución de 1952, pero sin el proyecto claro de país ni la estructura política de partido, y  una oposición política dispersa  y en su mayor parte desacreditada por su participación en los gobiernos pasados .   

El MAS,  como ningún otro partido  en dos décadas,  no sólo tiene todo el Poder Ejecutivo, tiene además  mayoría en el  Congreso Nacional   ; es el único partido con capacidad de movilización social o  el "poder desde las calles"; y  tiene el poder "ideológico" del discurso étnico muy difundido en un país con mayoría indígena, por lo menos según los datos del Censo Nacional de 2001, que no incluyó la alternativa de mestizo junto a las otras étnicas y culturales.  La oposición política parece ser sólo figurativa y fragmentada,   y la oposición social, tan dura para los gobiernos anteriores, hoy está  diluida y es sólo reivindicativa y no desestabilizante.  En realidad si hay oposición está   se encuentra  en las regiones, principalmente en Santa Cruz, que por primera vez en la historia han elegido directamente a sus prefectos, y protagonizan las demandas de autonomía.

Esta nueva configuración  de  poder  ejerce una fuerte presión sobre el Poder Judicial con el que ya ha tenido entredichos públicos en varias oportunidades y  varias de sus autoridades como  los fiscales se han puesto en la línea del gobierno.

Las Fuerzas armadas (FFAA) han sido cambiadas en sus cúpulas, aprovechando que varios de los exjefes militares están vinculados con  los "misiles" desactivados en EE.UU, y por el cual el MAS estando en la oposición planteó un juicio de responsabilidades . Tres promociones  de jefes militares fueron eliminadas, nombrando en su lugar a jefes militares muy cercanos al gobierno, en el Alto Mando Militar.

Quizá los problemas  del nuevo gobierno están en primer lugar  en el mismo gobierno. Por un lado el MAS no es propiamente un partido, sino un "protopartido" pues no cuenta   con estructuras políticas regulares de funcionamiento  y  es más bien un mosaico  de tendencias diversas unidas por su carácter contestatario. Sus parlamentarios en su mayor parte son el resultado de  distintas alianzas con una cincuentena de grupos  sociales, y por tanto,   con lealtades duales entre el MAS y las organizaciones a la cuales representan. Por el otro, al MAS parece haberle llegado el gobierno demasiado pronto  cuando aún estaba en proceso de decantación o metamorfosis interna entre sus propuestas más corporativas de 1997, las de las elecciones de 2002, más nacionales pero fuertemente contestatarias, y las de 2003 más equilibrada pero que parece un "collage" de ideas no siempre coherentes.

Actualmente en el MAS  pueden identificarse cuatro    tendencias internas fundamentales: la histórica, vinculada a los cocaleros del Chapare, donde nació el MAS y de cuyas seis Federaciones Evo Morales sigue siendo su dirigente más importante (estos sectores son los que privilegia   el Presidente Morales para   "rendir cuentas" con la idea repetida por él de que "mandar es obedecer") ;  los indígenas y originarios, sobre todo aymaras, que antes apoyaron a Felipe Quispe, y los del oriente amazónico, y que constituyen sobre todo la base masiva y simbólica de su identidad e identificación con un líder nacional, con raíz indígena pero fuertemente mestizado, como no lo estuvieron nunca  en su historia en esa escala ; la vieja izquierda, que salió del juego político de las dos últimas décadas, y conformada por exguerrilleros, guevaristas, maoístas, trotskystas,  nostálgicos del pasado y estatistas ; finalmente    los recién llegados durante el proceso electoral  procedentes    de la clase media profesional y críticos del "neoliberalismo" , entre ellos  el Vicepresidente de la República, y que hoy forman parte del núcleo de poder masista. La cohesión de todas ellas es sobre debida a factores externos: su profunda oposición al "neoliberalismo", y la necesidad que tienen de "inventar conspiraciones" que los cohesione contra el enemigo común.   Estas distintas  tendencias, unidas a los "neomasistas" reconvertidos de último momento, una vez conocidos los resultados, y celosos de su nueva lealtad y que cubren los vacíos "técnicos" del gobierno,  están en el origen de las ambivalencias repetidas del gobierno   entre el radicalismo y la moderación, entre la concertación y la imposición, entre el discurso nacional y el discurso étnico, entre reivindicacionismo y revanchismo de su base social;  entre la vía "chavista" y la vía "lulista",   entre no saber si el problema son las reglas o los operadores. Condensadas todas  en la divisa no menos ambigua de "revolución democrática y cultura" con la que se identifica.

Estas ambivalencias de origen  dieron   lugar a desde un principio a señales contradictorias en distintas áreas de gobierno, afectando  su imagen pública, que había estado en ascenso desde el día de su posesión el 22 de enero de 2006,  hasta registrar el 80% el mes de marzo pero que había caído al  62%  del mes de abril,   lo que es demasiado para cualquier gobierno . Quizá para neutralizar esta tendencia, que pudo serle  perjudicial en la elección próxima  de los miembros a la  Asamblea Constituyente (AC), hizo un giro  en la política interna enfrentando algunos temas nacionales muy conflictivos, con determinación y cierta agresividad, como en hidrocarburos y la "nacionalización" anunciada el 1 de mayo, cuando oficialmente se esperaba un acto bastante distinto que la toma militar de las instalaciones de las compañías petroleras. El acto, juntamente con acciones espectaculares de lucha contra la corrupción,  recibió un apoyo abrumador de la opinión pública ;  y remontaron este descenso . Este giro interno se acompaño de un giro externo,   alineándose con Chávez y Castro, aún a  riesgo de incomodar al gobierno del Brasil con quien hasta entonces había sido muy amistoso.

En la elección del 2 de julio el MAS ganó la elección y tiene la mayoría absoluta de los miembros  de la Asamblea  Constituyente, aunque  esperaba más. En todo caso, su porcentaje fue inferior en tres puntos a los obtenidos en diciembre del año anterior.  A la oposición le fue peor (el partido mejor situado, PODEMOS perdió la mitad de su votación) dispersada en más de una docena   de agrupaciones políticas.

El MAS parece haberse preparado más para tomar  el poder que para el ejercicio del gobierno, que es lo propio de la democracia. Su gabinete ministerial es más "representativo" que competente, lo que explica buena parte de sus improvisaciones.  Si bien con los resultados electorales el país pareció pasar de los temores de los grupos dominantes a las esperanzas de los excluidos,  hoy puede decirse  que  esos temores no han desaparecido, sino que rebrotan poco a poco en sectores de clase media  en la misma medida en que el gobierno polariza al país con declaraciones imprudentes y  de combate, como ha ocurrido en su propuesta    educativa de "descolonizadora" y en  sus pretensiones de tener una Asamblea Constituyente a su medida.

De todos modos, el simbolismo condensado que representa Evo Morales, en un contexto de desplazamientos políticos en América latina, le ha otorgado una gravitación geopolítica, que no deja de inquietar a EE.UU., no obstante su  apertura inicial, como también es el caso de sectores empresariales dominantes en Bolivia. Pero también el simbolismo es de ruptura y de trasgresión, pues tiene que ver  con el estilo poco formalizado de "ser y aparecer" y que tanto ha llamado la atención internacional  y que en Bolivia refuerza su proximidad con los excluidos. En todo caso, la novedad inicial y la indulgencia y simpatía  con la que fue recibido en muchas capitales del mundo y organismos internacionales, se torna lentamente en inquietud respecto a los riesgos de un gobierno que amenaza más que seduce.

En los varios meses de gobierno los resultados son contradictorios. De un lado, la macroeconomía nunca había tan bien como ahora, con una balanza de pagos positiva y un crecimiento de los ingresos nacionales,   aunque ello se deba más a factores externos que internos, pero a la vez las inversiones han bajado y los sectores empresariales han expresado sus preocupaciones al respecto.  Logró en principio  por primera vez recuperar la confianza pública en las instituciones , pero a la vez hace todo para desmantelarlas por ser "neoliberales". Esto también ha ocurrido en las políticas públicas en temas tan importantes como hidrocarburos, con tensiones innecesarias, amenazas, y un sentimiento  alivio nacional  cuando se anunció a mediados de noviembre de 2006,  la suscripción de nuevos contratos, cuando se esperaba lo peor.    En la política marítima, tan sensible para el país,  las dubitaciones no han sido menores como en  otras áreas gubernativas. Otras decisiones  como las relacionadas con la redistribución de  tierras le han creado a la vez apoyos de occidente  y crispaciones del oriente del país. Ganó en sus señales de lucha contra la corrupción pero perdió en el manejo de la Asamblea Constituyente. En su estilo de gobernar declaró estar abierto al "dialogo" pero no se privó de un discurso confrontacional.    Todo ello ha repercutido en   la imagen pública del gobierno,  también muy oscilante  en un contexto de gobernabilidad difícil, en gran parte atribuible a la acción gubernamental    Por ello  es pertinente preguntarse hasta qué punto  la alta pero fluctuante    popularidad del gobierno, ha logrado aquietar las aguas  de la gobernabilidad.

 

6) ¿Retorno de la ingobernabilidad? 

Cuando se conocieron los resultados electorales tan contundentes,  los temores de que se reprodujeran problemas de gobernabilidad  se disiparon por lo menos para una buena parte de la población. Se pensó que si el MAS había sido un factor esencial en las movilizaciones de los últimos años, con las consecuencias conocidas y mencionadas más arriba, una vez en el gobierno se pensaba   que ese fantasma no volvería más.  Sin embargo, las cosas  no pasaron necesariamente de este modo, y es muy frecuente constatar desde las esferas de gobierno    denuncias repetidas de "conspiraciones"  o de anuncios   de golpes de Estado ,  que más allí de su realidad, tienen un fuerte impacto en el sentimiento  y  la confianza colectiva, como puede verse en los miles de bolivianos que votan con los pies todos los meses y de manera creciente, optando por el "exit" hacia el extranjero a falta de expectativas de futuro, en porcentajes  inusuales  y lapidarios para  el país  respecto a la población.

Puestos en el terreno de la gobernabilidad y su vinculación con  la administración  de conflictos tan importante en un país con alta conflictividad, el gobierno ha demostrado escasa capacidad  y es en este terreno  donde radica uno de los componentes más vulnerables de la acción gubernamental, y que le han causado los "peores" momentos en el tiempo que ya lleva de gobierno, como lo diría el mismo Presidente de la República , a propósito de un conflicto pésimamente manejado.

Lo ocurrido en los  últimos  meses de 2006, nos permite  diferenciar a) lo que podríamos llamar la herencia de ingobernabilidad que se reproduce en el presente  y b) las  potenciales nuevas formas de ingobernabilidad. Lo primero tiene que ver con los problemas  de ingobernabilidad primaria  relacionados con los conflictos y el valor de las reglas para contenerlos dentro de ciertos límites; y lo segundo con  propuestas basadas en las diferencias étnicas para cambiar el carácter y estructura del Estado.  En ambos niveles  subyace una cierta idea de sociedad y de poder, que en los hechos podría cambiar la escala de los riesgos de ingobernabilidad conocidos en el pasado.

 

7) La reproducción de la ingobernabilidad pasada y la democracia del "consenso"

En primer lugar por  la creencia de que los conflictos sociales y políticos de los últimos años fueron resultantes  de las  políticas "neoliberales" pensadas como causas  de la pobreza y  de las desigualdades, y que una vez eliminados los gobiernos responsables de esas políticas, los conflictos   deberían tender a  desaparecer. Esta apreciación  tiene que ver con una cierta idea de democracia de "consenso" que sustrae  el conflicto cono inherente de la democracia moderna. Esta idea del "consenso" es una derivación de la democracia comunitaria propia de sociedades holistas, que funcionan en las comunidades andinas en las que las decisiones se toman según este mecanismo y esta en una de las  propuestas centrales para "refundar" el país. Dada esta premisa  estaba claro que el MAS como gobierno no estaba en condiciones de hacer frente a los conflictos, que surgirían inevitablemente  por ser parte constitutiva de la sociedad. Un indicador de esta creencia que tuvo luego efectos desarmantes  para  el gobierno, fue eliminar la dependencia gubernamental  encargada de hacer el seguimiento estratégico de los conflictos en el país, sustituida  por un Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales,  alegando que  todo se resolvería mediante el diálogo.

Un segundo  factor de la misma creencia  es que tampoco  deberían producirse más conflictos puesto que aseguran que  el MAS no es  un partido sino un compuesto  de movimientos sociales y que estos no pueden estar contra sí mismos. Más allí de lo poco democrático que es en los hechos subordinar y hasta absorber  a los "movimientos sociales" en las esferas del poder,   con el nombre de Estado Mayor del Pueblo, varios de  estos "movimientos sociales" se movilizaron en sendos conflictos con la creencia de que el gobierno no los reprimiría, puesto que era el suyo, y debía satisfacer sus demandas.  Esta creencia también  resultó falsa y en varias ocasiones el gobierno desconcertado sólo atinó a denunciar "conspiraciones" o "manos negras", en movilizaciones que simplemente seguían la nueva lógica de acción colectiva corporativa e instrumental, pero que a diferencia de las anteriores entre el 2000 y 2005, no pretenden  echar al gobierno sino  obligarlo a cumplir sus promesas.

Estas premisas hicieron  que el nuevo gobierno empezara asegurando al país a través de su Ministra de Gobierno que se  no usaría  más la fuerza, confundida con la violencia,  sino el dialogo, lo que tuvo efectos inductivos,  como fue el caso el mes de octubre del año 2006,  en  Huanuni, población minera tradicional, y que hoy es  la mina más importante del país en reservas de estaño,  donde  produjeran 16 muertos y cerca de 80   heridos por omisión gubernamental , que  estaba enterado de probabilidad de  los hechos, que prefirió llamarlos "rumores". El  gobierno dejó pasar  muchas horas sin tomar ninguna decisión y cuando movilizó a la policía ya era tarde, pues la tragedia ya se había producido  protagonizada por mineros cooperativistas privados y  aliados del gobierno, contra otros mineros estatales que también  votaron  por el MAS, pero no eran considerados aliados.

 

8) Ausencia de conciencia normativa

Estas falsas creencias sobre  cómo funciona una sociedad con grados avanzados de complejidad,  es  reforzada por la escasa o nula convicción de que las leyes deben ser respetadas en el país,  y cuya violación histórica ha sido el factor primario de los procesos de inestabilidad política desde la fundación de la República. Este vacío no es atribuible sólo a los sectores  del MAS. En ello de algún expresan vivamente la ausencia de una cultura normativa compartida en el país. Pero en el caso del MAS, y en buena parte de sus altos funcionarios públicos, se ha convertido en  pauta de acción gubernamental. En la historia particular de varios sectores sociales masistas y de dirigentes del MAS,  la historia legal del país del último tiempo es la de un uso arbitrario  de la ley contra ellos. Además toda mención a la ley  es para ellos  complicidad con el "neoliberalismo", que tanto detestan y   el Estado de Derecho ha significado el pretexto para reprimirlos en nombre de la ley.  No hay por tanto en la visión del MAS  la noción del Estado de Derecho  ni una preocupación por el cumplimiento de la ley  o la necesidad de promover una pedagogía por el cumplimiento de la ley.  Más bien suelen expresar  un desdén  por su cumplimiento.  Esto es lo que pasó con la AC  que volvió a fracturar al país entre "oriente y occidente" durante varias semanas por propuestas y acciones promovidas desde el gobierno. Como se sabe y lo sabe el gobierno, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en cuya reforma de febrero del año 2004  participó el MAS y  a la Ley de Convocatoria que promulgó el mes de marzo del año 2006  el actual  Presidente de la República,  después de haber impulsado un acuerdo político en el actual parlamento con mayoría  masista, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado por la AC debe hacerse por dos tercios de voto de los constituyentes presentes. Una Comisión de Redacción del Reglamento General de la AC se puso de acuerdo para incorporar este mandato legal en la norma  interna, y cuando se estaba ya en el punto final antes de hacer llegar el informe a la Plenaria de la AC,  desde el Palacio de gobierno los dos más altos funcionarios del Gobierno "instruyeron"  que la aprobación no debía ser  por los dos tercios constitucionales sino por mayoría absoluta,  que es lo que el MAS tiene en la AC.  Una de las Plenarias de la AC a fines de septiembre  concluyó en enfrentamiento físico, que repercutió en el país  como un terremoto, y se reabrieron  las divisiones  regionales  entre el oriente y el occidente. "La media luna", conformada por los cuatro departamentos del oriente, dos de ellos  económicamente los más fuertes del país, amenazaron con desacatar los resultados de la AC , paralizaron sus respectivos departamentos en protesta contra el gobierno acusado de  entrometerse en la AC. Entre el  derecho a gobernar y la  tendencia a mandar y controlar  todo el   poder.

Otro factor nada  desdeñable en la producción de situaciones de ingobernabilidad  es una cierta idea del poder y de gobierno. Como se sabe, en democracia sólo se gana en elecciones el derecho de gobernar, preservando la independencia de los tres  poderes del Estado mientras que en el MAS es predominante  una cierta idea de gobernar no que tienen mucho que ver con la democracia. En efecto, en  varias ocasiones el MAS  ha declarado que sólo ganaron  el gobierno y lo que necesitan es el poder , y    el control  de la "totalidad del poder" . Esta tendencia de controlarlo todo es mucho más que autoritarismo y conduce, como varias experiencias políticas  en el pasado lo han demostrado de manera dramática, a absorber a la sociedad desde el poder y esto está en congruencia con la concepción  dominante en el MAS de una confusión entre los niveles sociales y políticos de una sociedad, lo que explicaría el empeño de que lo que llaman "movimientos sociales" ocupen el vacío de los partidos y formen parte de las esferas del poder en nombre de lo que también  llaman   "poder social" de control.

Desde que el nuevo gobierno se instaló y aún  antes pero sobre todo después,  se ha escuchado repetir que el MAS tienen una nueva idea del gobierno  que consiste en "mandar obedeciendo", que es la fórmula con la que se oponen a una  cierta forma de hacer funcionar el poder monopolizado por las élites "tradicionales" y sustituirla por otra, ya que de lo que se trataría es de devolver el poder al "pueblo". En primer lugar llama la atención el que se use la expresión •"mandar", tan tradicional en la historia del país, y que se use como equivalente o mejor sustituto de "gobernar". Mandar está asociado más  con la idea de poder que con la idea de gobierno y de autoridad y que el MAS  reproduce creyendo que es una ruptura cuando es una prolongación de un pasado no democrático. En segundo lugar, al parecer lo que se pretende dar a  entender con esa fórmula de  "mandar obedeciendo" es que hay que  obedecer al pueblo y no a las élites, que sólo habrían obedecido a sus intereses. En los hechos las cosas pasan de otra manera y  esto ha podido observarse en sus relaciones con lo que llaman "movimientos sociales" respecto de los cuales  dicen que tienen  un "mandato", como se escucha decir todo el tiempo en la AC en la que no son pocos los que se piensan   ser más bien "mandatarios" que representantes. Los "movimientos sociales" a los cuales dicen obedecer son "masistas", lo que quiere decir que los no "masistas" no son tomados en cuenta cuando se organizan  Cabildos o Asambleas Públicas,   a los que estos últimos no son invitados, como la Central Obrera Boliviana (COB). Es decir "obeceden" a los que les son afines y que por ser tales, difícilmente van a ofrecer  resistencias o producir disidencias.   Estas últimas  cuando existen, son simplemente eliminadas por el mecanismos de aclamación y cuyo resultado se declara aceptado sin verificación alguna. A ello se suman situaciones en las cuales  los dirigentes del MAS tienen tal poder sobre su gente, que se termina aprobando lo que desde arriba se decide como líneas de acción, como ha ocurrido ya tantas veces, y también  con los masistas en la AC, lo que está contradicción con lo proclamado y ha provocado ciertas fisuras internas en las filas del MAS que no aceptan estas formas de autoritarismo, tan tradicional en la política boliviana. Es decir, que "mandar obedeciendo" termina siendo lo contrario de lo que se quiere dar a entender y además  simplemente no tienen sentido practico, o como suele decirse, puede funcionar en la teoría pero no  en la práctica. Un gobierno es capacidad de agregación, y no simplemente obligación  de decidir según las  demandas sociales, múltiples, poco estructuradas, no siempre compatibles entre sí o excluyentes. Sin embargo,  muchos sectores sociales que apoyan al gobierno  creen en la fórmula  al pie de la letra,  y por esta vía crean situaciones de ingobernabilidad, como ha podido constatarse en varios conflictos sociales de los últimos meses del año 2006 . 

Hasta aquí puede constarse una cierta familiaridad  con la ingobernabilidad tradicional, pero si tomamos en cuenta  los probables efectos políticos de la propuesta de "Refundar" el país, entonces podríamos  entrar en un nuevo nivel   de alta  ingobernabilidad.

 

9) Nacionalismo étnico y etnicismo

Lo que podríamos llamar "nacionalismo étnico" está  contenido en la propuesta  oficial de cambiar  el fundamento del Estado  y su diseño  territorial, que reemplace el considerado racista-liberal, por otro que puede llamarse pertinentemente  nacionalismo étnico  que hoy en muy fuerte y predominante  en el partido de  gobierno. En realidad se trata más que de una reivindicación étnica o social en favor de la mayoría indígena y "originaria" en el país, es un proyecto  político fuertemente teñido  de neoindigenismo, que por lo menos fue creciendo en los últimos quince años, particularmente desde la crisis de abril de 2000.

Ciertamente, es una constatación la diversidad  multiétnica y multicultural  del país, que la reforma constitucional de 1994, reconoció convirtiendo el hecho en un derecho. En también un hecho de que en  el país el discurso "diferencialista"   es dominante con respecto al discurso de la  igualdad, y que la revolución electoral de diciembre de 2003 le ha  dado nuevos e insospechados bríos asociados con  la AC que es la apuesta política más importante  del MAS para  "refundar" el país.

El primer acto del proceso "refundacional"  ha sido forzar la aprobación de una norma  sin norma preexistente, en el Reglamento General de la AC en su artículo primero, que declara el carácter "originario" de la Asamblea.  El segundo acto es estatuir  en la nueva  Constitución Política del Estado,   el carácter "multinacional" el Estado, convirtiendo a los  grupos étnico-culturales en "naciones", con todos sus efectos jurídicos y políticos de tal declaración en la estructura del Estado y en su base territorial, para la cual se han presentado ya propuestas de rediseño territorial sobre bases étnicas. Más allí del propósito buscado de asegurarse   el poder por largo tiempo, esta propuesta   simplemente no es viable para la otra parte del país, sobre todo del oriente y gran parte de la clase media del occidente, que no se reconoce en este nacionalismo étnico. Con todo, esta propuesta etnicista, que está también en el centro del anteproyecto de Ley de la Educación Boliviana,  parece más ideológica  y político-estratégico   de la nueva élite "originaria" con fuerte apoyo de cientistas sociales  de clase media ganados por la "etnomamía"   en un país muy mestizado ,  pero que  tiene un fuerte impacto en los grupos originarios de base. Sin embargo, estos  grupos de base  parecen  más inclinados a pensar  su situación   en términos de  acceso  a los bienes y símbolos de la modernidad que en "separatismos étnicos", lo que no es contradictorio con la reivindicación cultural e identitaria y de reconocimiento en los marcos de un "nuevo" Estado. Uno de los efectos previsibles, reforzado por  la "etnomanía" existente,  va a ser  convertir    las "diferencias" culturales  existentes  en "divisiones" nacionales, que resultarían del derecho a la "autodeterminación", como algo distinto a las "autonomías funcionales" no territoriales,   con resultados ya conocidos  en otras latitudes e historias de Estados débiles y con grandes fracturas internas. Quizá este sea el factor de mayor riesgo político de ingobernabilidad  en el  país, con una AC altamente  frágil en sus equilibrios  internos, y fuertemente dominada por una profunda desconfianza entre unos y otros, y cuyos resultados son aún  demasiados aleatorios.

*Es decir, una nueva historia ha empezado, con un pasado que se cierra pero con un futuro muy incierto y cargado de riesgos. El proceso enfrentará grandes dificultades a corto y mediano plazo, con un gobierno muy fuerte que quiere todo cambiarlo, no siempre con ideas claras sobre el qué,  y sin demasiadas preocupaciones por las formas, sobre todo normativas, aunque no deja de reproducir prácticas políticas muy ancladas en el pasado y en el presente.   Habrá   resistencia de lo que entiendan que sus intereses serán afectados, junto a sectores medios   atemorizados cada  vez por lo que entienden amenazas desde el gobierno, pero también existen  con sectores sociales pobres y los llamadas "originarios" muy esperanzados, con el sentimiento de cierta dignidad recuperada y la certeza de que ahora son poder. El porvenir del país, de la AC y  del gobierno, dependerán  esencialmente de cómo se maneje esta relación de integración - un verdadero trabajo de orfebrería política- entre las "dos  Bolivias", separadas y atravesadas  por grandes fracturas históricas.